Le incumbe sólo al Estado el uso de la fuerza ante el delito

Mientras en las últimas horas persistía en una zona de City Bell el clima de tensión por el nuevo intento de usurpación de tierras y los pobladores mantenían un virtual estado de alerta para impedir que volvieran a instalarse los intrusos, se repitió ayer un caso similar en el barrio La Usina, ubicado entre San Carlos y Melchor Romero, donde se intentó avanzar sobre un predio de varias hectáreas, en tanto que los vecinos aseguraban que “si no los sacan, los sacamos nosotros”.

No son estas las únicas expresiones vecinales que se conocieron últimamente, indicativas de que los pobladores se muestran ya dispuestos a defenderse como sea, en muchos de sus casos por la casi absoluta ausencia o inoperancia de las autoridades. Algunas leyendas conocidas, que se pintaron en carteles y pasacalles, decían: “En esta zona no llamamos a la policía, si te enganchamos te cabe el plomo”.

Ante el verdadero auge de intrusiones se sabe, también, que algunos grupos de vecinos han llegado a juntar dinero para alquilar topadoras o retroexcavadoras, con las cuales avanzan sobre las primeras colocaciones de alambrados o postes para sostener luego las casillas precarias y que para ello le garantizan a los maquinistas verdaderas escoltas de decenas de pobladores que se mantienen en el lugar mientras realizan esa tarea.

En el caso de City Bell, en el predio de 141 y 446 donde el viernes se desató un incidente de graves proporciones, con intervenciones de efectivos que dispararon balazos de goma, fue reconocida por los vecinos la rápida presencia de jefes policiales, de un fiscal penal y de la delegada comunal de Los Porteños que consiguieron con su accionar el retiro de los ocupantes del lugar, que tiene propietario conocido. Sin embargo, varias horas después los intrusos intentaron retornar al lugar, en una situación que aún no se ha despejado.

Si bien la mayoría de los vecinos platenses aseguran no querer hacer justicia por mano propia –más allá del cansancio, el temor y el desaliento que sienten por la ausencia de organismos estatales capaces de frenar la ola delictiva, así como por la comprensible intención de defenderse contra el delito- está claro que aún tienen conciencia de que aquella actitud puede derivar en situaciones no deseadas, que agravarían más las cosas. Sin embargo, es hora de que las autoridades prevean estas alternativas.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable y dentro de los marcos legales. Así también, que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada y operativa para prevenir y proceder frente a la actividad delictiva.

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Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

Deberían tenerse en claro, entonces, algunas premisas. En primer lugar, que la usurpación de tierras supone la comisión de varios delitos penados por la ley, y que por consiguiente los organismos estatales deben actuar, tanto para neutralizarlas preventivamente como para accionar de inmediato contra los intrusos. Pero también resulta básico que la población comprenda que no existe justificación que autorice el uso de la fuerza a civiles que no cuentan con esa facultad y que, lo que debe evitarse a todo trance es que quienes no ejercen funciones públicas decidan apelar a la fórmula de la justicia por mano propia.

La sociedad ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse en el tema de la seguridad. Pero ello no significa que deba ser protagonista en el uso de la fuerza. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.