Un esquema de tarifa social, no de segmentación

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Los subsidios a la energía son una política que nació de la improvisación, pasó a la demagogia y quedó instalada generando un gran daño social en materia de desequilibrio fiscal y de desinversión energética.

En la década de los ‘90 no había subsidios a la energía y Argentina era exportadora neta de energía.

Con la salida de la convertibilidad, entre el 2002 y el 2004 las tarifas de luz y gas se mantuvieron congeladas bajo el argumento de la emergencia económica.

A partir de 2005, en lugar de aplicar un esquema racional de tarifas, se mantuvo el congelamiento y se improvisó subsidiando con fondo públicos el consumo de energía. En el 2005, la balanza comercial de energía de Argentina (o sea, exportaciones menos importaciones de energía) era positiva en casi U$S 8.000 millones y a partir de ese momento empezó a disminuir.

En el año 2014 los subsidios a la energía alcanzan un pico de 3,7% del PBI y la balanza comercial de energía era de U$S 10.000 millones negativa. O sea, se importaba mucha más energía que la que se exportaba.

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Las tarifas de luz y gas eran regaladas, fundamentalmente en la zona del AMBA.

El gobierno de Cambiemos revirtió el atraso tarifario y, con mucho costo político, estableció un esquema más racional de tarifas plenas con subsidios focalizados a través de tarifas sociales. El gasto en subsidios bajó en el 2019 a 1,1% de PIB y la balanza comercial energética tendió a volver al equilibrio.

El actual gobierno, en lugar de aprovechar que Cambiemos ya había pagado el costo político del sinceramiento tarifario y limitarse simplemente a ajustar por inflación, reincide en la demagogia y vuelve a atrasar las tarifas regenerando el déficit comercial energético y llevando el gasto en subsidios a la energía a 2,5% del PBI en 2021.

A comienzos de 2022, la guerra de Ucrania eleva mucho los precios de la energía, con lo cual los subsidios a la energía están subiendo a tasas de 3 dígitos.

En función de lo ocurrido en el 1° cuatrimestre de 2022, se proyecta que el año cerrará en 4% del PBI en concepto de subsidios a la energía. No se entiende por qué el actual Gobierno cometió el error de desandar el costoso camino que le tocó transitar a Cambiemos de reducir los subsidios a la energía.

Obviamente que estos subsidios ahora se volvieron impagables, si no es con una inflación galopante. De aquí entonces que aparece la idea de la segmentación de tarifas que ya, conceptualmente, es errónea.

El esquema de subsidios debe ser que todos pagan tarifa plena, menos los elegidos para recibir una tarifa social que financie un consumo mínimo indispensable. La segmentación es al revés: todos son subsidiados menos los elegidos para pagar tarifa plena. La diferencia no es trivial y queda de manifiesto en el entuerto del Decreto 332/22 que pretende instrumentar la segmentación.

En dicho decreto se estipula que pagarán tarifa plena de luz y gas los hogares cuyos ingresos superen los $350.000 mensuales, o posean 3 o más autos o inmuebles, o tengan aviones o barcos, o acciones en empresas. Pero a la vez se crea de manera solapada el Registro de Acceso de Subsidios a la Energía (RASE) donde se tienen que inscribir quienes aspiren a no pagar la tarifa plena.

La pregunta es: si una familia no cumple con las condiciones para pagar tarifa plena y no se inscribe, ¿se les pasará a cobrar igual? Pregunta que ni el inventor de la segmentación debe tener la respuesta.

Por otro lado, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, aproximadamente 5% de los hogares supera los $350.000 mensuales de ingresos. Supóngase que el dato esté subestimado y que los hogares que superen este nivel de ingreso sean el doble (10%), entonces, el 90% de los hogares se tienen que inscribir en el RASE.

Suponiendo que el 90% se inscribe, mantener a tamaña proporción de los hogares fuertemente subsidiados es inconsistente con el objetivo fiscal.

Además, hay que sumar también los subsidios al transporte, que están retrasados con la inflación y ya suscitan reclamos por aumentos en el AMBA y paros de colectivos en el interior y los subsidios a las empresas públicas.

Esto sugiere que el total de subsidios económicos terminará el 2022 bien por encima del 5% del PBI.

Un esquema racional de tarifas a la energía es partir del principio de que todos pagan tarifa plena. Luego, las personas de menores ingresos se inscriben en un registro de tarifa social (sería el RASE) y a dichas personas se les subsidia un monto fijo que se corresponda con el bajo consumo de una familia humilde. Nada más.

Con respecto a los subsidios al transporte, el Estado nacional no tiene que pagar estos subsidios porque el transporte es una función provincial. Entonces, es cada provincia la que debe definir su política de subsidios al transporte y pagarlo. Las empresas públicas no deberían ser subsidiadas y deberían autofinanciarse. No es muy difícil.