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Padres y legisladores que piden por la presencialidad fueron a la Justicia. SADOP denunciará a las escuelas que den clases presenciales
Padres y alumnos reclamaron esta semana en la gobernación / c.s
Después de que distintos colegios amenazaran con “rebelarse” al decreto presidencial que suspendió las clases presenciales en nuestra región y el AMBA hasta el 30 de abril, ayer fuentes del gobierno bonaerense confirmaron que los colegios que incumplan la normativa nacional y provincial serán sancionados.
Voceros provinciales informaron a EL DIA que las instituciones educativas que mañana abran sus puertas para recibir alumnos pese al DNU que lo prohíbe podrían quedarse sin subsidios -en caso de que actualmente los reciban- o sin las exenciones impositivas de las que sean beneficiarios.
Asimismo, remarcaron que también existe la posibilidad de que se le revise y suprima la habilitación como colegios reconocidos por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), con lo que no podrían funcionar.
Según trascendió, tampoco se descarta el inicio de acciones judiciales por el presunto delito de “atentado a la salud pública” contra los propietarios de esas escuelas.
Ante la consulta sobre cómo serán mañana los controles, voceros provinciales aseguraron que “no se va a mandar a la Policía a controlar”, pero que aclararon los inspectores estarán atentos a la actividad que eventualmente se desarrolle en las escuelas.
En La Plata, como reflejara EL DIA en su anterior edición, al menos dos colegios de la zona norte anticiparon su decisión de mañana dictar clases presenciales.
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Ante este escenario, desde el sindicato SADOP, que nuclea a los docentes de gestión privada, anticiparon que el gremio “iniciará las pertinentes denuncias ante los Ministerios de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación contra aquellos propietarios de establecimientos educativos de gestión privada del AMBA, que en abierta violación a la normativa vigente, convoquen a las y los docentes a prestar tareas de modo presencial, sin perjuicio de efectuar las correspondientes denuncias ante la justicia por violación de los artículos 205, 209 y 239 del Código Penal”.
“SADOP no va a tolerar que se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, solo porque algunos empleadores inescrupulosos pretendan hacer prevalecer el lucro por sobre los valores que hoy el Gobierno Nacional está resguardando para proteger a toda la población, en este contexto de segunda ola de la pandemia, donde los contagios se han disparado gravemente y el sistema de salud se encuentra al borde del colapso”, señalaron en un comunicado.
Ayer la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, afirmó que “la difícil decisión que se tomó en estos 35 distritos es porque hoy estamos en un momento sumamente delicado debido al preocupante crecimiento de los casos que se dan en la comunidad, principalmente en el transporte y en actividades sociales y recreativas”.
Por otro lado, diputados provinciales de Juntos por el Cambio, acompañados por padres de alumnos de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron ayer un recurso de amparo ante la justicia platense para garantizar el dictado de clases presenciales, ante las últimas medidas impuestas por el gobernador Axel Kicillof, mediante el decreto 181/2021.
El recurso ante la Justicia, que lleva la firma de los diputados bonaerenses Emiliano Balbín, Daniel Lipovetzky y Diego Rovella, considera al accionar del gobierno nacional y provincial como “irresponsable” y “contraria al Derecho Humano a la Educación “.
“Ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del Presidente y del Gobernador, me veo en la obligación moral, no solo como funcionario público, sino también como padre, de presentar un recurso de amparo para defender el Derecho Humano a la Educación”, señaló Lipovetzky.
“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”, agregó el legislador.
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