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El fiscal general Mario Villar solicitó que se le asigne un nuevo domicilio por razones de seguridad y disturbios en el barrio de Constitución. Ahora deberá definir Casación
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En una audiencia clave ante la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner debe continuar cumpliendo su condena por la causa Vialidad bajo el régimen de arresto domiciliario, pero reclamó que el lugar de cumplimiento sea distinto a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside.
La intervención de Villar marcó una diferencia con la posición que habían adoptado días atrás los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que la expresidenta fuera trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El giro del fiscal general pone ahora el foco en la discusión sobre el lugar más adecuado para cumplir la condena, tras la ratificación de su prisión domiciliaria.
Durante la audiencia oral ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar consideró que Cristina ha cumplido con las reglas impuestas por el tribunal en los últimos días, motivo por el cual desistió de solicitar su ingreso a una cárcel federal.
Sin embargo, advirtió que el departamento ubicado en San José 1111 no es apropiado para el cumplimiento de la condena, por dos motivos centrales:
- Alteración de la vida del barrio: el fiscal señaló que el domicilio ha sido foco de concentraciones políticas, presencia permanente de custodias, y llamados reiterados al 911, lo que afecta la convivencia vecinal.
- Riesgos para la seguridad de la condenada: Villar recordó que la expresidenta ya fue víctima de un intento de magnicidio en ese mismo lugar, y que sus salidas al balcón la exponen innecesariamente, dado que se encuentra en un segundo piso a la vista de todos.
“Ya hubo una falla en el esquema de custodia, y no puede descartarse que vuelva a suceder”, dijo el fiscal. Por eso, consideró razonable que se disponga otro lugar de detención, aunque aclaró que la oferta de un nuevo domicilio debe surgir de la propia Cristina Kirchner, y no del tribunal.
Del otro lado, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, se opuso a cualquier cambio de domicilio y solicitó que se anule el actual régimen de visitas y se retire la tobillera electrónica que lleva la exmandataria.
“Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”, sostuvo Beraldi. Afirmó que la tobillera no tiene otro propósito que “molestarla y humillarla”, ya que se trata de “una de las personas más conocidas del país”, con custodia las 24 horas.
Además, subrayó que el departamento de San José 1111 fue su residencia habitual desde 2022 y que el informe de la Procuración porteña que desaconsejaba su uso como lugar de detención está desactualizado, ya que “las manifestaciones cesaron y hay más seguridad que antes”.
En cuanto a las visitas, el abogado calificó de “inédita e ilegal” la exigencia de solicitar autorización judicial para cada ingreso que no sea de familiares, abogados, custodios o médicos. “No hay ninguna norma que regule este régimen. Deja la decisión en manos de la discrecionalidad del tribunal”, denunció.
El fiscal Villar también defendió la continuidad de las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2, incluida la utilización de la tobillera electrónica. Recordó que la ley de ejecución penal establece su uso obligatorio en casos de arresto domiciliario, y que solo se puede prescindir de ella si existen informes multidisciplinarios y del Servicio Penitenciario Federal, los cuales todavía no fueron presentados.
Respecto al régimen de visitas, Villar argumentó que es similar al que rige para los detenidos en unidades penitenciarias: toda visita debe estar autorizada, salvo las excepciones mencionadas. “Los condenados tienen una expectativa de privacidad más limitada que quienes no lo están”, señaló.
Los jueces de la Cámara de Casación deberán resolver en los próximos días si hacen lugar al pedido del fiscal de trasladar el arresto domiciliario a otro lugar, o si aceptan los planteos de la defensa y mantienen el esquema actual con flexibilizaciones.
De momento, el tribunal ordenó una evaluación del entorno y del uso de la tobillera electrónica, a cargo de asistentes sociales. Sus informes serán clave para definir cómo y dónde continuará cumpliendo Cristina Kirchner su condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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