La extensa red que se destapó por el caso del fentanilo mortal: los vínculos con dirigentes, funcionarios y hasta jueces

Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, investigados por las trágicas muertes asociadas al fentanilo contaminado, no operaban en el vacío. Eran parte de un sofisticado esquema de protección externa, orquestado por los hermanos García, sus dueños. Una intrincada red de contactos políticos y judiciales les permitió durante años evadir inspecciones, frenar cierres y asegurar lucrativos contratos con el Estado. La investigación judicial ahora profundiza, apuntando a posibles desvíos de drogas al mercado ilegal.

Ariel García, la figura central de este entramado, cultivó sus conexiones con una astucia notable. Su método: el boca a boca, promesas estratégicas y proyectos de gran envergadura. Ofreció, por ejemplo, instalar plantas farmacéuticas en Catamarca o tendidos eléctricos en Chubut, lo que le abrió las puertas a figuras como el gobernador Ignacio Torres (a través de su abogado, Gastón Marano) y el catamarqueño Raúl Jalil.

Las visitas de políticos a los laboratorios de García eran habituales. Según publicó La Nación, se destacaron entre estos Emilio Pérsico del Movimiento Evita y Nicolás Kreplak, el actual ministro de Salud bonaerense y hermano del juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak.

Otra figura recurrente era Freddy Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, quien frecuentaba el laboratorio de San Isidro en busca de ampollas de fentanilo para sus caballos. La pasión compartida por la equitación se transformó en un canal de negocios y, tras sus visitas, era común ver a García y Lijo almorzando en el exclusivo restaurante 1000 Rosa Negra.

Para consolidar sus negocios, los García contaban con José María Olazagasti, un "paladar negro" de la era kirchnerista, exsecretario privado de Julio De Vido. "El Vasco", como se le conocía, era el emisario encargado de golpear puertas en centros de salud pública, buscando contratos millonarios de provisión de medicamentos que se canalizaban a través de Alfarma, la droguería del grupo. Las negociaciones finales, según se supo, se cerraban en un búnker de Saavedra, hoy un lujoso salón de belleza, domicilio de la consultora C&O, cuyo socio es Nicolás Olazagasti, hermano de José María.

García también tejía alianzas en reuniones más íntimas en su propia casa. Por allí pasaron desde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (su vecino), hasta Raquel Méndez, esposa del exministro de Salud Daniel Gollán y empleada de Anmat —el mismo organismo que debía controlar el fentanilo—, y Daniel Mautone, una figura prominente del juego en Argentina.

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La causa del fentanilo avanza y una conexión salpica al poder

La expansión hacia el Estado se materializó en 2020, cuando los García adquirieron la droguería Alfarma a Carlos Tita. Esta empresa ya poseía un consolidado esquema de licitaciones públicas. Así, HLB y Ramallo vendían a Alfarma, que a su vez distribuía a provincias y municipios, cerrando el círculo. Se han detectado contratos con precios bajos para asegurar la adjudicación y otros, como en José C. Paz, con preocupantes sobreprecios.

El abogado Sebastián Nanini, apoderado del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, gestionaba estas adquisiciones y apareció sorpresivamente como presunto comprador del laboratorio semanas antes de que estallara el escándalo. Nanini también fungía como nexo con asociaciones judiciales, coordinando seminarios de ciberdelito y viajes a Washington que incluían a García y a un nutrido grupo de jueces y fiscales.

Conexiones Judiciales y el Ascenso de un Imperio Cuestionado

Actualmente, Gastón Marano, exasesor de la Comisión Bicameral de Inteligencia y defensor de "la banda de los copitos" (acusados en el intento de magnicidio a Cristina Kirchner), representa a los García en la causa del fentanilo. Marano fue un puente clave para las gestiones de los laboratorios ante Anmat, llegando a tener un contrato en el organismo a raíz de su relación con HLB y Ramallo.

La influencia de los García no se limitaba a los negocios farmacéuticos. Su fortuna les permitió adquirir propiedades emblemáticas, como la casa de Diego Armando Maradona en Villa Devoto, valuada en 900 mil dólares. Incluso, la alquilaron (a un valor simbólico) a Roberto García Moritán durante su campaña a jefe de Gobierno porteño.

Ariel García también mantuvo un encuentro privado con Cristina Kirchner en el Instituto Patria en abril de 2024, un video de la cita que, curiosamente, ya no está disponible en las redes de la exmandataria.

El ascenso meteórico de Ariel García, junto a sus hermanos Damián y Diego García Furfaro, comenzó a consolidarse entre 2016 y 2017. Una década antes, en Rosario, García, recién recibido de abogado, ya defendía a implicados en el caso de la efedrina y la mafia de los medicamentos. Después de una presunta explosión en el Laboratorio Apolo en 2016, compró el Laboratorio Ramallo (donde se produjo el fentanilo contaminado).

Inicialmente, García se obsesionó con los anestésicos, que no ofrecían grandes márgenes. Esto plantea la pregunta crucial de si toda la producción se canalizaba por vías formales o si la morfina y otros componentes químicos tenían "mermas" —como el 24% de fentanilo— que acababan en manos de compradores ilegales. Al comprender que el verdadero negocio era la venta al Estado, compró sucesivamente las droguerías Droguería Mayorista, ABC1 y Alfarma. Las dos primeras fueron liquidadas por deudas fiscales, un proceso posiblemente facilitado por un primo suyo, gerente de la sucursal de AFIP.

Finalmente, los negocios de García también se entrelazaron con figuras mediáticas. Víctor Santa María, líder del sindicato de porteros y empresario de la comunicación, adquirió varios medios —Los 40 Principales (105.5FM), Continental (590AM) e IP Noticias— con fondos que, según fuentes del sector, provenían de García Furfaro.