Más del 63% de lo que produce el agro se lo lleva el Estado

El campo argentino volvió a quedar en el centro del debate económico. A pesar de ser uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, la carga impositiva a la que está sometido lo deja con apenas un margen de ganancia que -en algunos casos- alcanza el 9,8% tras pagar costos, alquileres e impuestos. El 63,6% de la renta bruta agrícola se destina a tributos, según revela la última medición del Índice FADA, un estudio que desde hace 18 años releva de forma trimestral la presión fiscal sobre la producción extensiva.

En términos simples: por cada $100 que quedan luego de cubrir todos los costos productivos (semillas, insumos, fletes, seguros, salarios), el productor se queda con menos de $10. El resto se lo lleva el Estado y, en su mayoría, en conceptos que no vuelven a la región productiva, ya que el 63,8% de los impuestos son nacionales no coparticipables, principalmente derechos de exportación. Solo un 6,8% corresponde a tributos provinciales y un ínfimo 1% a tasas municipales.

Mientras tanto, en el interior profundo se mantiene la misma queja: el productor paga sin saber exactamente qué recibe a cambio. La infraestructura rural, los caminos, los servicios sanitarios y la conectividad no muestran mejoras proporcionales al esfuerzo tributario. Y el margen para seguir produciendo se achica.

El índice volvió a crecer respecto de la medición de marzo, cuando se ubicaba en 58%. Esto, a pesar de la baja temporal de retenciones que había dispuesto el Gobierno nacional a comienzos de año. ¿Por qué subió? Según explican desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la caída en los precios internacionales de los granos fue tan marcada que, aunque bajaron los derechos de exportación, la producción dejó de generar valor suficiente para amortiguar el peso del sistema impositivo.

El caso más crítico es el del trigo. Este cultivo, al que el Gobierno prorrogó la reducción temporal de retenciones (de 12% a 9,5%), registra la mayor presión tributaria de todos: el 78,2% del ingreso neto se destina al pago de impuestos. Esto se debe, en parte, a que el precio actual de exportación, de U$S200 por tonelada, está un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años y 28,2% por debajo del valor de un año atrás. “Con precios más bajos y costos más altos, el peso del Estado se incrementa proporcionalmente. Se necesitaría un precio cercano a los U$S220 por tonelada para mejorar la rentabilidad”, explica Antonella Semadeni, economista de FADA.

Los demás cultivos tampoco escapan a este escenario. En el caso de la soja, los impuestos consumen el 65,9% de la renta, en girasol el 63,2%, y en maíz el 53,4%. Con el regreso de las retenciones plenas para soja y maíz desde julio, los economistas estiman que el índice nacional podría trepar al 67% y hasta el 70% en el caso de la oleaginosa.

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La situación varía según la provincia. Mientras el promedio nacional es de 63,6%, Buenos Aires tiene un índice de 59,7%, Santa Fe 58,6%, Córdoba 64%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Aunque Buenos Aires se encuentra levemente por debajo del promedio nacional, su estructura tributaria provincial y local resulta especialmente gravosa para el productor.

Allí, además del impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos, se cobra Ingresos Brutos sobre la comercialización de granos, algo que no sucede en Córdoba ni Santa Fe, donde la actividad está exenta. Además, los municipios bonaerenses suman tasas por supuestos servicios rurales, como guías cerealeras o mantenimiento de caminos, muchas veces sin contraprestación efectiva.

En contraste, provincias como Córdoba, San Luis o Entre Ríos no aplican impuestos municipales ni tasas locales de esa naturaleza. Sin embargo, La Pampa y San Luis imponen gravámenes asimilables a “aduanas internas”, que también recortan la rentabilidad del productor.

El efecto del sistema impositivo es doble: limita la inversión y reduce la rentabilidad, pero también distorsiona la producción. Como indica Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA, “si los precios caen y los costos suben, pero los impuestos se mantienen, el peso relativo del Estado se incrementa”.

Esta situación deja al productor con un margen cada vez más estrecho, aún en contextos de buena cosecha.

El esquema tributario actual también castiga más al productor que alquila tierras, una práctica extendida en casi el 70% de las explotaciones agrícolas del país. En esos casos, el dueño del campo se lleva el 26,6% de la renta.

Esto reduce todavía más la participación del productor, quien asume todos los riesgos y apenas accede a un 9,8% de ganancia final.

El Índice FADA no mide solo retenciones. Contempla todos los tributos directos e indirectos que se aplican sobre la producción: desde Ganancias e IVA hasta tasas viales y cargas locales. De hecho, según su composición, el 28,4% de la presión fiscal corresponde a impuestos nacionales coparticipables, como Ganancias, y un porcentaje menor a tributos provinciales y municipales.

Las perspectivas para el segundo semestre de 2025 no son alentadoras. Con la vuelta de las retenciones al nivel previo a la rebaja temporal, el impacto será mayor, en especial para la soja y el maíz. Y en tanto no se modifique la estructura fiscal, cada baja en los precios internacionales volverá a disparar el peso del Estado sobre el ingreso agropecuario.

Mientras el promedio nacional es de 63,6%, Buenos Aires tiene un índice de 59,7%

El productor paga impuestos y tasas sin saber exactamente qué recibe a cambio