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Ernesto clarens
Con la expresidenta, Cristina Kirchner, como principal acusada entre otros 85 imputados, se desarrolló ayer una nueva audiencia (virtual) del juicio por los denominados “Cuadernos de las coimas”. Como en jornadas anteriores, la exmandataria siguió el encuentro desde su prisión domiciliaria en San José 1111, pero casi sin mostrarse en cámara y delegando su lugar a su abogado defensor, Carlos Beraldi.
Ayer, el Tribunal Oral Federal 7 continuó con la lectura de los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán. En ese marco, sobresalió la declaración que en 2018 hizo el financista arrepentido Ernesto Clarens. En su testimonio, admitió que trabajaba para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz.
“En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, dijo Clarens en la declaración que el tribunal leyó ayer, y reconoció que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.
También se leyó parte de la declaración como arrepentido del asesinado Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner que llegó a hablar de traslados de valijas con candado en el avión presidencial Tango 01 en vuelos a Santa Cruz y bajo la custodia de Muñoz. Aunque no vio el contenido, se presumía que se trataba de dinero.
En su confesión, Gutiérrez también relató la existencia de un sector reservado en la residencia de El Calafate, que los secretarios identificaban como “el lugar donde estaba la historia”. Se trataba de una habitación oculta en una zona inferior de la casa, donde se cree que se guardaba dinero.
La causa tiene en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner como supuesta jefa de la asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015 en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo habría sido recaudar fondos mediante sobornos a empresas contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública, energía y transporte. En total, son 540 los hechos de supuestos pagos ilegales que se juzgan. De ellos, 204 apuntan directamente contra Cristina, por montos superiores a los 10.4 millones de dólares.
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Entre los 86 acusados, además de Cristina, están imputados el exministro Julio De Vido, Baratta y cerca de 65 empresarios (como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio y Gerardo Ferreyra).
De los testimonios de los arrepentidos y el análisis del fiscal Carlos Stornelli surge que el dinero recaudado de las coimas terminaba en manos del entorno más cercano a los Kirchner (Muñoz, Baratta) y era trasladado a las residencias de Quinta de Olivos, el departamento de Recoleta o al sur.
Si bien durante la audiencia se acusó a Cristina de haber armado “el circuito de coimas para enriquecerse ilegalmente”, también se advirtió que ese “sistema de recaudación que funcionó durante 12 años” benefició tanto a funcionarios como empresarios, a los que se acusó de haber pagado “montos descomunales” para favorecerse con contratos.
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