El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia

La Dirección General Impositiva (DGI), una de las patas del organismo recaudador (ARCA), denunció ante la Justicia a la financiera que vinculan con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de Sur Finanzas, que en los papeles pertenece a Maximiliano Vallejo. Según detectó una investigación de la DGI, la entidad habría evadido entre 2022 y este año el pago de más de $ 3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque.

Pero hay más. El dato más fuerte, inquietante, es la enorme estructura dedicada al parecer al lavado de dinero que se armó alrededor de Sur Finanzas, una pequeña empresa que nació en Adrogué hace cuatro años y que, de la mano de la AFA y de su presidente, se transformó en anunciante y prestamista privilegiado de clubes de la primera división del fútbol argentino.

En este sentido, según los investigadores del fisco la operatoria que se habría usado para lavar activos movió alrededor de 818.000 millones de pesos. La denuncia fue recibida por la fiscalía federal número 2 de Lomas de Zamora.

La empresa investigada nació en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA en un departamento de la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown. Pero, según el estudio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), comenzó a desarrollar mayor actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y como billetera virtual, dedicaba a tramitar y gestionar los pagos que hacían clientes de pequeñas empresas.

En agosto de 2024, la empresa cambia su nombre a Sur Finanzas PSP SA. En los registros públicos, la presidenta es Graciela Beatriz Vallejo y el vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo. Sin embargo, toda la actividad pública de la empresa aparece en cabeza de este último.

El desembarco en el fútbol

Es Maximiliano Vallejo quien publica fotos en sus cuentas de redes sociales con Chiqui Tapia. Es más, consiguió que el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame “Copa Sur Finanzas”. No es todo: es sponsor de la camiseta de Racing, Barracas Central (el club del propio Tapia), Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón.

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También fue la empresa que, por presunto pedido de Tapia, tramitó el préstamo de cerca de 2.000 millones de pesos para San Lorenzo en la administración de Marcelo Moretti, quien es investigado por administración fraudulenta.

Los datos de la DGI se conocen en medio de la fuerte polémica que envuelve al mundo del fútbol por los manejos de Tapia y Pablo Toviggino, su mano derecha y tesorero de la AFA. Se los sindica por presunta manipulación de arbitrajes y beneficiar a ciertos equipos como Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, vinculados respectivamente a Tapia y Toviggino. Justo los próximos rivales de los equipos platenses, Gimnasia y Estudiantes, en las instancias finales del torneo Clausura.

También, hay que decirlo, a Rosario Central, club al que otorgaron una copa fuera de reglamento, con el torneo ya terminado. “Trofeo de escritorio” lo bautizó la imaginación popular. A estas irregularidades deportivas se suman, pues, las transacciones económicas poco claras, que ahora el Gobierno de Javier Milei busca saber.

Las coimas en Discapacidad

Sur Finanzas cobró más notoriedad fuera del mundillo deportivo cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi detectaron que, a través de esa empresa, se movió dinero de la presunta corrupción surgida en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que presidía Diego Spagnuolo. El de los audios que comprometieron al entorno presidencial, incluida la hermanísima Karina Milei.

En el último año y medio, la DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos que se armó por medio de la billetera virtual de Sur Finanzas a través de pagos con QR, SurPos -el sistema propio de pagos de la financiera- y con links de pago. Lo dicho: según ese informe, hasta abril de este año se movieron $ 818 mil millones a través de esa billetera virtual.

Lo más oscuro es el detalle de quiénes eran los que hacían esos movimientos: el 31% eran “sujetos no categorizados”, es decir que no tenían ni siquiera una inscripción en ARCA; el 9% de esos sujetos son directamente apócrifos. Por su parte, el 27% de quienes usaron la billetera virtual de Sur Finanzas son monotributistas con muy poca capacidad económica, con lo cual no fue posible determinar cómo obtuvieron ese dinero para hacer esos movimientos.

¿Cómo llega la DGI a ese dato? Según fuentes confiables, entre los “sujetos no categorizados” -es decir, que no tienen actividad económica conocida por el Estado- hubo varios que movieron más de mil millones de pesos, prendiendo una luz de alerta. En total, si se suman las operaciones de todos los que movieron más de mil millones, se llega a un total de $ 223.441 millones.

Por otra parte, entre los monotributistas de categorías muy bajas que pagaron o recibieron dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas hay 32 personas que movieron más de mil millones de pesos. Sólo ese grupito movilizó en total $193.599 millones.

Esa estructura hizo sospechar a los investigadores que todo ese dinero en manos de personas que ni siquiera estaban registradas en la ARCA o que eran monotributistas de categorías muy bajas proviene de “un circuito marginal”.

Además del delito de lavado de dinero, la DGI considera que Sur Finanzas no pagó el impuesto al cheque que debía cobrarles a las empresas que operaban con sus sistemas o a los individuos que no están alcanzados en las excepciones previstas para ese tributo. Por este rubro, se estima que Sur Finanzas evadió $ 3.327 millones desde que comenzó a operar en 2022 hasta abril de este año.