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Hace dos semanas se aludía en esta columna al reclamo de especialistas en materia de seguridad, destinado a que se revisara el sistema penal imperante en nuestro país –tanto en lo que se refiere a la acción preventiva y fiscalizadora de la policía y otras fuerzas de seguridad, como a las leyes procesales que se sancionaron en los últimos años –la mayoría de ellas permisivas, que facilitaron el accionar de los delincuentes- y a la necesidad de corregir muchos de los fallos de la justicia penal, algunos de ellos insólitamente benignos con el delito cuando no tardíos y, por consiguiente, ineficaces.
Se transmitió la opinión de juristas acerca de que esa suma de factores podía traducirse, entre otras consecuencias negativas para la sociedad, en el crecimiento de los casos de “justicia por mano propia”, en los que no pocos vecinos participan hoy organizándose en grupos o reaccionando en forma espontánea para capturar a delincuentes sorprendidos in-fraganti y sometiéndolos, muchas veces, a violentas represalias. Se habló en este diario de una verdadera “liga de vecinos justicieros” y no se exageró.
En la edición de ayer se reflejaron nuevos y graves episodios de justicia por mano propia ocurridos en Tolosa, Ringuelet y en el barrio de San Carlos, con la presencia literal de “escuadrones” de vecinos indignados que detuvieron a ladrones. “Esto es tierra de nadie. No damos más. Acá no se puede vivi”, fue la desalentada descripción de un vecino tolosano “por la inseguridad cada vez más calamitosa que sufrimos”.
Lo cierto es que en esa y otras zonas algunos grupos vecinales están pasando a las vías del hecho. Frente al infatigable accionar de los delincuentes y a la ausencia policial, la gente literalmente “explotó” y salieron a cazarlos.
Capturaron a dos menores de edad que le habían robado celulares a los alumnos de un colegio, ubicado en 5 entre 522 y 523. Inicialmente los ladrones habían logrado fugar pero una suerte de patrulla espontánea formada por vecinos y padres, los persiguió, los detuvo y, afortunadamente, pasó por el lugar un patrullero policial cuyo personal evitó ulterioridades llevándose a los menores detenidos.
Lo cierto es que la gente dejó de caminar de noche por sus barrios, modificó su estilo de vida, ahora elige “maniobras” disuasivas para poder volver al hogar ya sea a pie o en automóvil y se pertrechó con todo tipo de alarmas, cámaras, rejas y otros tipos de defensa. Lamentablemente, entre estas últimas se debe hablar de armas de fuego.
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La virtual desaparición del Estado como responsable de la seguridad no ha hecho sino abonar el terreno para que no pocos vecinos supongan que la solución para enfrentar a una delincuencia desatada, que impone a toda hora la ley de la selva, pasa por la acción directa. Por encargarse los vecinos de hacer justicia por mano propia.
Puede ser cierto que la inseguridad es un problema que viene desde hace varias décadas, pero es a las actuales administraciones –nacional y provinciales- a las que les corresponde aplicar en las calles el peso de la ley. La policía perdió presencia y autoridad en la vía pública y las únicas responsables de ello son las autoridades.
Numerosos juristas insisten en que el problema, que por cierto golpea dramática y cotidianamente sobre la población, merece una profunda revisión que abarque tanto a la legislación, la prevención e investigación policía -enfatizándose asimismo en que resulta imperativo contar con una policía mejor formada y dotada de recursos, que recobre el principio de autoridad en la calle- y un mejoramiento radical en el servicio de Justicia y en el régimen carcelario.
Tal como se dijo en forma reiterada, de no ser así los especialistas advierten que los casos de justicia por mano propia seguirán aumentando, en una situación que sólo podrá traducirse en un agravamiento de la actual inseguridad existente.
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