Una rebelión contra el gobernador de Tierra del Fuego y conflicto en el PJ

La Legislatura de Tierra del Fuego derogó la ley que habilitaba el llamado a una Convención Constituyente, en un movimiento que frenó la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La decisión se produjo después de que el mandatario firmara el decreto para convocar a elecciones de convencionales el próximo 9 de agosto.

La votación, que reunió a sectores opositores, se resolvió con 11 votos afirmativos. Los legisladores argumentaron que, en el contexto de crisis económica que atraviesa la provincia, no resulta viable afrontar los costos que implicaría el proceso reformador.

El revés legislativo fue celebrado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lo que reavivó la tensión con el gobernador. Ambos dirigentes, que supieron compartir espacio en el frente Fuerza Patria, atraviesan ahora una marcada confrontación política.

Desde redes sociales, Vuoto respaldó la decisión del parlamento y cuestionó la oportunidad de la reforma: sostuvo que los recursos deberían destinarse a resolver problemas urgentes, como la situación de la obra social provincial.

En la gobernación, en cambio, atribuyen la maniobra a intereses electorales del jefe comunal, quien no podrá aspirar a un nuevo mandato como intendente y aparece como potencial candidato a gobernador en 2027.

El debate sobre la reforma se da en medio de un escenario económico complejo. Tierra del Fuego enfrenta protestas docentes por reclamos salariales y una creciente deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que según estimaciones superaba los $22.000 millones hacia fines de 2025.

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A esto se suman tensiones por la distribución de fondos entre los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, así como la reciente intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional.

Desde el entorno de Vuoto sostienen que la reforma implicaría un gasto cercano a los $8.000 millones, en contraste con deudas que la provincia mantiene con los municipios. Además, encuestas recientes reflejan un bajo nivel de respaldo social a la iniciativa oficial.

Pese a la decisión legislativa, desde el Ejecutivo provincial aseguran que la derogación no altera el proceso, dado que el decreto de convocatoria ya fue firmado. En ese marco, analizan la posibilidad de vetar la resolución parlamentaria y no descartan avanzar en una judicialización del conflicto.

El episodio deja al descubierto una interna en ascenso dentro del peronismo fueguino, con derivaciones que podrían impactar en el armado político de cara a las elecciones de 2027.