El Gobierno vuelve con la desregulación del mercado

En un nuevo capítulo de su agenda de reformas estructurales, el Gobierno Nacional reavivó el debate sobre la desregulación de la intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades. La iniciativa, ya planteada el año pasado y luego puesta en pausa, vuelve ahora a la superficie con el anuncio de un proyecto de una modificación de fondo en una actividad que, hasta hoy, es ejercida en forma exclusiva por martilleros y corredores públicos matriculados. Los colegios profesionales perciben la medida como una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la profesionalización del sector.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se sostiene que la iniciativa, que se presentaría ante el Congreso Nacional en junio, permitiría “abaratar y agilizar” las transacciones en un mercado que, tras años de estancamiento, busca una reactivación sostenida.

El argumento oficial se basa en la premisa de que la eliminación de la obligatoriedad de intervenir a través de un profesional matriculado fomentará la competencia, reducirá las comisiones (hoy entre 1,5% y 3% para comprador y vendedor respectivamente) y simplificará los procesos, beneficiando en última instancia tanto a compradores como a vendedores. Para el Gobierno, el esquema actual representa una barrera. “Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, dijo Sturzenegger en los últimos días.

Los colegios de martilleros y corredores advierten sobre los peligros de la “desprofesionalización” de una actividad que maneja valores patrimoniales significativos y decisiones de vida cruciales. Señalan que la intervención de un matriculado no es un “gasto”, sino una garantía de idoneidad, control ético y respaldo institucional.

El marco actual

Actualmente, la actividad inmobiliaria tiene regulaciones específicas -nacionales y provinciales- y control a través de los colegios profesionales: otorgan y controlar la matrícula, fiscalizan el cumplimiento de normas éticas y sancionan malas praxis.

En la Provincia, hay leyes locales que regulan esas funciones y fijan honorarios por gestión de alquileres o intervención en hipotecas, por ejemplo.

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Julio Speranza, presidente de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, aclaró que “no sabemos hoy sobre la letra chica de lo que el Gobierno Nacional quiere presentar”, pero en función de las declaraciones públicas que ya hablan de desregulación de la tarea y los honorarios profesionales, aclaró que “los martilleros y corredores públicos estamos regulados a través de un colegio provincial”, un escenario que, en la opinión del sector, le veda el camino a cualquier tipo de nuevo marco que pueda venir desde el Congreso o el Poder Ejecutivo Nacional. “Aprovecho para comentar que no solo a nosotros nos afecta. Hay varios colegios, en otras profesiones, que están luchando o están pasando por esta situación”, dijo y analizó que “si es como se comenta, quedarán las familias detrás de cada colega, que se sostienen o viven de una profesión”. En conclusión, el directivo dijo que en la Asociación “nos parece ridículo este tipo de medidas que se están comentando”.

La “letra chica” del planteo

El proyecto oficial busca eliminar la exclusividad de estas tareas, permitiendo que otros actores o plataformas puedan intermediar de manera legal.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, sostuvo en un encuentro sobre el mercado inmobiliario que “el problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”.

El funcionario marcó el cuestionamiento oficial a la organización actual de la actividad.

Incertidumbre en el sector

La martillera Gisela Agostinelli, analizó un escenario donde el debate viene con incertidumbre sobre el futuro del sector: “Me pregunto si viene con una desprofesionalización y si esto será a favor o en contra”, dijo y consideró que “a veces más” desregulación “no quiere decir que sea mejor porque, en casos, más es menos”. En ese sentido, sostuvo que “la Existencia del Colegio frena estafas, protegiendo al cliente a través del tribunal de disciplina, que sanciona, aplica multa y de ser necesario la suspensión del profesional”. No obstante, no se cerró a la posibilidad de una modificación. “Todo cambio siempre cuesta hasta que uno se adapta a la nueva normativa o reglas. Y uno espera que esto sea a favor de la profesión y no que termine trayendo más problemas”, dijo.

El año pasado, cuando el debate cobró fuerza por primera vez, EL DIA recogió la postura de los colegios bonaerenses. Desde estas entidades se había advertido con énfasis que la desregulación “abre la puerta a la informalidad”, que se entiende como un riesgo para la limpieza de la operación. El Gobierno confía en que el mercado, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y el incipiente regreso del crédito hipotecario, se autorregulará hacia modelos más eficientes.

La discusión sobre los costos es otro punto de fricción. Mientras el Ejecutivo proyecta una baja de comisiones por mayor oferta, los martilleros argumentan que la desregulación podría generar “costos ocultos” o siniestralidad, lo que llevaría las cosas al terreno judicial, con el costo que eso supone.