El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA

“En Buenos Aires, el horror cosechó 85 muertos, más de 150 heridos graves, cuantiosos daños materiales y un mensaje perverso: el terrorismo tiene un alcance global”, escribió el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, al solicitar la captura nacional e internacional de un nuevo imputado por el ataque terrorista a la mutual judía, perpetrado hace casi 32 años, el 18 de julio de 1994.

En su fallo, Basso solicitó el procesamiento y la detención de diez iraníes y libaneses. Entre ellos, de un alto jerarca del régimen, Alí Asghar Hejazi, acusado de ser uno de los principales autores intelectuales del atentado y mano derecha del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, muerto días atrás por un bombardeo de Israel.

En paralelo, la fiscalía exigió que se agilicen las notificaciones a otros cabecillas prófugos como Mohsen Rabbani o Alí Akbar Velayati para avanzar definitivamente hacia el juicio oral y público en ausencia.

El fiscal advirtió que Asghar Hejazi “era por entonces mano derecha y principal colaborador del extinto líder supremo Alí Khamenei” y que integró “el Comité Vijeh que recogió, analizó información y elaboró la propuesta del ataque contra la AMIA y, una vez aprobado el plan, tuvo a su cargo la implementación y coordinación para llevarlo a cabo”.

Al detallar la responsabilidad penal que recae sobre el jerarca iraní, el representante del Ministerio Público subrayó que, de acuerdo a los elementos de prueba reunidos durante la investigación, el plan que derivó en el ataque terrorista contra la AMIA, “fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbolá, con autorización, directivas, cooperación y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán”.

Entre estos últimos se encuentra Alí Asghar Hejazi “quien resultaba un funcionario clave en el esquema implementado por el régimen iraní para la decisión y puesta en marcha de una operación como terminó siendo el atentado contra la AMIA”.

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El dictamen del fiscal detalla que Hejazi viajó a Buenos Aires en marzo de 1993 para evaluar la viabilidad de la operación y cerciorarse de la fiabilidad de los agentes locales.

Para evitar levantar sospechas, ingresó a la Argentina bajo el estatus de misión oficial de la organización Propaganda Islámica con supuestos fines culturales, cuando su verdadera agenda estaba centrada en la inteligencia y el terrorismo.

Una vez que el Comité Vijeh aprobó el plan, fue el propio Hejazi quien coordinó su implementación tras obtener el visto bueno del fallecido Khamenei.

La imputación contra el jerarca iraní se sustenta en la reconstrucción judicial que incluye múltiples declaraciones testimoniales de exfuncionarios y desertores de la inteligencia iraní, además de distintas pruebas documentales.

La acusación contra Hejazi es como presunto autor o partícipe de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para causar estrago.