Se abrió la temporada alta de juicios contra el país: cuáles son las causas más costosas

La Argentina enfrenta una serie de juicios en el exterior por diferentes temas. Algunos se arrastran desde el default de deuda de 2001 y otros tienen que ver con expropiaciones (YPF y Aerolíneas Argentinas). Si bien son procesos muy largos, varios tienen sentencias en contra del país y, aunque se apelan, los beneficiarios de los fallos quieren avanzar contra el embargo de diferentes bienes para presionar por el pago.

Por eso, el Gobierno de Javier Milei no solamente encontró problemas en la economía interna, sino también en el frente externo. A la renegociación con el FMI y los pagos a bonistas se suma el frente judicial, en el que la Argentina todavía tiene varios desafíos.

En la causa por la expropiación de YPF, la jueza neoyorquina Loretta Preska dictó una sentencia adversa de U$S16.100 millones, aunque no es el único que sigue pendiente en los tribunales internacionales. Según los cálculos de Sebastián Maril, de Latam Advisors, los litigios pendientes suman U$S23.062 millones. Eso se agrega a juicios ya pagados (a Repsol y los holduts, entre otros) por U$S16.692 millones.

Como resultado, el analista estimó que el riesgo legal argentino llega a los U$S39.754 millones. Entre los juicios que quedan pendientes, Maril detalló los diferentes estados en los que están las causas.

El Gobierno todavía no definió una estrategia legal, pero ya este mes empezará a enfrentar los primeros pedidos de embargos. En total, son cinco juicios que están en esas condiciones, pero hay tres que ya tienen fechas de audiencia.

Uun repaso por las batallas legales contra la Argentina marca que la primera cita fue la que se dio el pasado viernes en la Corte Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, por embargos autorizados de activos del Estado argentino en el caso que sigue Attestor Master Value contra el país por el default de 2001. Se trata de fondos que no entraron a ninguna reestructuración y decidieron litigar. La justicia estadounidense ya falló en ese litigio en contra de la Argentina por U$S477 millones, pero los activos a embargar fueron declarados confidenciales por la corte. Sin embargo, hace pocos días se definió que la audiencia sería pública y de libre acceso. “No van a identificar los activos porque por orden judicial están obligados a mantenerlos así, pero una persona con conocimientos del caso y de los procesos judiciales, fácilmente podrá identificarlos”, indicó Maril.

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La semana que viene, en tanto, la Argentina se tiene que presentar ante el Jia M. Cobb en Washington DC para establecer las bases de embargos que sufrirá el país si no abona la sentencia de U$S340 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, según señaló Maril. El magistrado también citó a Titan Consortium, el fondo que demanda al país y que ya tuvo una sentencia favorable por U$S340 millones.

El 12 de marzo, la Argentina tiene prevista otra audiencia en la Corte de Apelaciones de Washington por el embargo de un inmueble perteneciente al Estado argentino ubicado en esa ciudad. Es por el juicio que el fondo Bainbridge le ganó al país por U$S96 millones.

Por esa misma sentencia, el fondo Bainbridge también tiene pendiente de presentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una lista de activos argentinos que se pueden embargar. Según explicó Maril, esos activos pertenecen al Banco Central y se encuentran en la Argentina. La jueza Preska ya anticipó que ella podría ordenar la repatriación de esos activos a Estados Unidos, siempre y cuando el fondo demandante demuestre que son utilizados con destinos comerciales.

También hay posibles embargos pendientes en el litigio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska obliga a la Argentina a pagar U$S16.100 millones al fondo Burford Capital y Eton Park por el tratamiento diferencial que tuvieron los accionistas minoritarios la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012.

El gobierno de Javier Milei le había pedido a la magistrada que extendiera la fecha de inicio de los posibles embargos, pero la jueza se negó y el procedimiento arrancó a partir del 11 de enero. Sin embargo, la dificultad para los demandantes radica en encontrar activos embargables de la Argentina en el exterior.

Unos US$982 millones corresponden a cuatro reclamos que ya tienen sentencia firme y los acreedores ya pidieron avanzar con los embargos. “En el caso de Attestor Master, que tiene un fallo por US$450 millones más intereses, las partes acordaron que aquello que se está intentando embargar es confidencial porque es muy sensible”, contó Maril a TN.

Otros U$S17.100 millones son fallos en contra de la Argentina, pero que todavía pueden ser apelados. En este grupo de ubica el juicio por la expropiación de YPF y el del cupón PBI en Londres.

la Corte de Apelaciones aceptó el pedido argentino para revisar el fallo adverso que condenó al país a pagar 1300 millones de euros por el cambio en las estadísticas de crecimiento que determinaban el pago de los bonos conocidos como “cupón PBI”.

“Lo que había decidido el año pasado el juez era hacerle pagar a la Argentina 1.300 millones de euros por los intereses correspondientes al cupón PBI durante 2013. Además, obligó al país a continuar publicando la serie vieja, desde 1993, y a pagar a todos los beneficiarios de los bonos si con esa serie correspondía hacerlo durante los años siguientes”, explicó Maril.

Como había versiones en dólares y euros de cupón PBI, hay causas abiertas en Londres y Estados Unidos. El reclamo es que la Argentina dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago.

La Argentina se presentó y ahora será la Corte de Apelaciones la que tenga que estudiar el caso. Mientras, el Gobierno ganó tiempo para evitar pagar o sufrir embargos.

Un tercer grupo, que suma pagos por U$S4.980 millones, son los juicios que todavía no tienen sentencia. Allí, Maril mencionó varios reclamos ante el CIADI, una parte de los holdouts, el reclamo por el pago del cupón PBI en Nueva York y las presentaciones ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

El riesgo legal argentino llega a los U$S39.754 millones entre los juicios que quedan pendientes