Los usurpadores de tierras van ahora por lotes que pertenecen a escuelas

Habitantes del gran La Plata se han visto forzados en muchos casos a montar guardias durante la noche, alrededor de Parcelas de las que se sospecha sería intrusadas. Ocurre que, una vez usurpados los lotes la restitución puede llegar a demorarse durante años, la impunidad de las bandas se manifiesta en estos días hasta en la pretensión de apoderarse de tierras que pertenecen a una escuela. Pero además, otros grupos altamente especializados con el concurso de profesionales y la complicidad de funcionarios suelen ocupar pequeñas superficies y, entonces los litigios son derivados a la justicia civil, a la que tomará años resolver. Suele ocurrir que los propietarios terminen pagando un “rescate” porque no cuentan con todos los apoyos fácticos, técnicos y judiciales que con soltura utilizan los delincuentes. Ayer mismo se estaban realizando allanamientos para esclarecer hechos que habrían sido cometidos por una poderosa banda, de las que se llaman minoristas porque se dedican a intrusar pequeños lotes.

En otras situaciones las bandas actúan en gran escala, es decir, en pro de ocupar parcelas de algún tamaño y la impunidad es tal que en menos de tres semanas dos campus escolares se han convertido en el objetivo de las bandas mafiosas. En las últimas horas en Villa Elisa viene causando gran preocupación la presencia de personas desconocidas en un espacio de tierra que le pertenece a la Escuela 93, situada a poca distancia del lugar, que se destinará a campo deportivo.

Según se informó, hace pocas jornadas un grupo de personas arrancó el alambrado perimetral y en pocas horas montaron una casilla de madera, seguido ello por una primera mudanza de muebles. Frente a ese cuadro, los vecinos llamaron a la Policía y radicaron la denuncia en la UFI 15. Quienes habían ocupado la parcela fueron identificados y al cierre de esta edición se le estaba tomando declaración. Cabe agregar que ya había podido frenarse una tentativa similar que se registró hace dos años en el mismo sitio.

Tal como se dijo, similar situación atravesó hace pocos días una parcela de tierra ubicada en el barrio El Retiro perteneciente a la escuela agrotécnica Juan XXIII, que debió interrumpir sus clases en ese campus y cuyas autoridades realizaron las denuncias correspondientes.

Se ha llegado en nuestra zona -acaso la más conflictiva en la Provincia en ese tema- a extremos de anarquía inconcebibles. Tal como se ha dicho otras veces en esta columna, algunas causas que inician los propietarios para recuperar su terreno se demoran y en otras, los procesos son derivados al fuero civil donde también pueden pasar varios años para lograr una sentencia.

Tierras e inmuebles pertenecientes a propietarios particulares, a organismos del Estado nacional -como lo son las que corresponden al ferrocarril, en muchas de los ramales inactivos-, a dependencias científicas, a reservas naturales o simplemente lotes o casas ubicadas en distintos vecindarios, se encuentran sometidos a esta amenaza para la cual pareciera que no existen barreras de contención. Ahora sucede que las escuelas se convirtieron en blancos predilectos para el reino inescrupuloso del arrebato.

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Tal como también se ha expresado tantas veces, es el Estado es el que debe ocuparse resolver una cuestión tan sensible como lo es el derecho a la vivienda. No son los grupos mafiosos e inorgánicos los que se “hagan cargo” de este asunto, cuya causa eficiente reside en la virtual desaparición desde hace mucho tiempo de los planes de vivienda. No son los vecinos quienes deben defender hasta físicamente sus derechos. Las demoras de la justicia en resolver constituyen una forma de castigo a los genuinos propietarios, y a eso contribuye un llamado “protocolo de usurpación de tierras” dictado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires el 17 de abril de 2019.

El vale todo, el despojo, el accionar de bandas dedicadas al robo de propiedades no son el camino a seguir. Está claro que las usurpaciones no son la fórmula para resolver el grave problema de la falta de viviendas. Que ahora le hayan puesto el ojo a tierras que pertenecen a las escuelas marca los niveles de anomia a los que ha llegado este flagelo social.