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Lo proponen diputados del Frente de Todos. Quieren penas de 10 años de prisión para jueces y fiscales “que actúen con malicia”
el debate del lawfare llega a la cámara de diputados/archivo
Diputados del Frente de Todos impulsarán en los próximos días un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura del lawfare con la intención de fijar una pena de hasta diez años a los jueces y magistrados que actúen con “malicia” y que afecten los derechos políticos de las personas.
La iniciativa, que llega en sintonía con los juicios que afronta la vicepresidenta Cristina Kirchner, es elaborada por la diputada Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior, su par Ramiro Gutiérrez, también del FdT, quienes la presentarán esta semana al bloque oficialista con el objetivo de reunir el consenso de todo el oficialismo, señalaron los autores de esta propuesta.
La vicepresidenta viene denunciando justamente que es víctima de lawfare, una suerte de ataque judicial contra dirigentes de su anterior gobierno.
El primer avance en la elaboración del proyecto tuvo lugar el jueves pasado en una audiencia pública organizada por Marziotta en la que intervinieron especialistas para evaluar las posibilidades de legislar en la materia: junto a expertos en Derecho constitucional participaron Gutiérrez y la secretaria parlamentaria de bloque, Paula Penacca.
Consultado por la iniciativa, el diputado Gutiérrez contó que su tratamiento en el bloque ocurrirá esta semana; hasta entonces continuará la tarea de actualizar y mejorar el delito de prevaricato.
Y agregó que eso permitiría incorporar “acciones no previstas, basadas en la malicia y con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos”, adelantó.
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“Para todos estos casos se establece la pena de cárcel (hoy es multa e inhabilitación), para establecer congruencia y proporcionalidad con otras figuras de igual gravedad previstas en la ley penal”, añadió.
En relación a la eventual figura penal del lawfare, el legislador señaló que abarcaría tanto “al juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente”.
Por su parte, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un “vacío legal” para el funcionamiento de los poderes del Estado, lo que representa un “peligro”.
“Es un peligro, no solamente para los gobiernos y líderes populares, sino para todo el sistema democrático que ve que, si hay lawfare, no hay democracia”, puntualizó la diputada.
“El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare”, amplió.
Por esa razón, explicó, “la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado”.
En la misma línea, la legisladora del FdT remarcó que “no se puede aceptar que se utilice el poder judicial de un magistrado en forma maliciosa para afectar los derechos políticos de los demás ciudadanos”.
Desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto de estas características avance en el recinto, dada la extrema paridad entre FdT y JxC: de todas formas, señalaron que el primer objetivo es instalar el debate en la agenda pública.
En los últimos tres años, el FdT no pudo hacer avanzar ninguna reforma de la Justicia ya que los cambios por el oficialismo no solo son rechazados por JxC sino que tampoco los acompañan el interbloque Federal y la mayoría de los bloques provinciales.
Esto sucedió cuando el FdT quiso avanzar en la reforma de la justicia, del Ministerio Público Fiscal y en los cambios en el Consejo de la Magistratura.
En otro orden, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindará el próximo miércoles su primer informe en la Cámara de Diputados, donde expondrá sobre la marcha del Gobierno Nacional, tras lo cambios instrumentados desde la asunción de Sergio Massa a cargo de una cartera ampliada de las áreas económicas.
Se trata del informe número 133 de la Jefatura de Gabinete y será de los más extensos en la historia de ese organismo, ya que se responderán 3.900 preguntas formuladas por los diputados de los diferentes bloques políticos que hicieron llegar a la oficina de Manzur para cada ministerio, organismo u área de gobierno.
Las preguntas enviadas por los legisladores de la oposición estuvieron vinculadas al tema de los subsidios para el transporte, medio ambiente, energía, inflación, agricultura, obras viales y salud, entre muchos temas.
Manzur se presentará a exponer este miércoles, a las 11, en el recinto de sesiones en el marco de una sesión informativa, para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional.
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