El Poder Judicial es un campo de batalla de la política nacional

Cuando el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, admite que “los argentinos perdieron la confianza en el sistema judicial”, termina por blanquear, en rigor, un estado de cosas que configura una de las grandes deudas de la democracia y que arrastra una acumulación negativa de décadas. Pero esa descomposición salta ahora a la vista en la antesala de la campaña electoral y convierte a los tribunales –especialmente a los federales- en un campo de batalla político.

El presidente Mauricio Macri adoptó una decisión tajante cuando ordenó que se pida oficialmente la destitución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. La instrucción fue cumplida por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la denuncia por mal desempeño ya ingresó al Consejo de la Magistratura. Pero en el seno del Poder Judicial la presentación se interpretó como un castigo del Poder Ejecutivo sobre un juez que investiga en una causa que incomoda al oficialismo.

De hecho, la Corte Suprema emitió ayer una señal contundente en esa dirección, al destinar los recursos que solicitó Ramos Padilla para proseguir con la investigación. Nada estrafalario: la contratación de un secretario y un jefe de despacho, algo básico en la estructura de un juzgado. La acordada lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el trío mayoritario, al que en esta ocasión se acoplaron Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

Los pronunciamientos de este tenor podrían reiterarse en las próximas semanas. Tal como publicó EL DIA, en el Consejo de la Magistratura no hay un clima favorable a la destitución de Ramos Padilla, ya que los representantes de los jueces y los seis consejeros de la oposición serían partidarios de permitir que siga investigando los vínculos del espía Marcelo D´Alessio, a quien considera la punta del iceberg de una red de inteligencia clandestina que opera en el país.

El material que el juez incautó a D´Alessio antes de detenerlo en su casa de un country de la zona sur del Conurbano, es de lo más diverso y no sólo permite inferir extorsiones a empresarios u operaciones contra el kirchnerismo –por conocidos casos de corrupción-, sino que además contiene informes sobre dirigentes de Cambiemos, como la gobernadora María Eugenia Vidal. También de conductores televisivos como Alejandro Fantino o la fallecida Natacha Jait.

La sospecha de que D´Alessio se movía entre los pliegues del oficialismo –pese a que fue funcionario de ENARSA con el kirchnerismo- también llegó a las costas de Elisa Carrió, cuando Ramos Padilla hizo escuchar ante los diputados –en forma impropia para un juez- el audio de una conversación entre supuesto abogado y la legisladora porteña Paula Oliveto, investigadora principal de la Coalición Cívica. Por eso Carrió salió ayer a desmarcarse con una denuncia.

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Carrió denunció a D'Alessio por enriquecimiento ilícito y a Echegaray por encubrimiento

La diputada acusó a D´Alessio de enriquecimiento ilícito y de haber recibido –presuntamente- cobertura de la AFIP en momentos en que la presidía Ricardo Echegaray para poder realizar actividades que, de otro modo, tendrían que haber encendido alarmas en el organismo de recaudación. En la denuncia que presentó Carrió consta una cantidad increíble de automotores a nombre de D´Alessio y se reclama el levantamiento del secreto bancario y tributario.

La estrategia judicial de Carrió no siempre coincide con la del Gobierno. A tal punto, que viene de llamar “imbécil” al ministro Garavano, a quien alguna vez le pidió el juicio político, pero el funcionario fue respaldado por Macri. El kirchnerismo, por su parte, sigue abonando la tesis de que su jefa Cristina es una perseguida política en Tribunales. Ayer la ex presidenta sumó un nuevo procesamiento, esta vez por irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte.

Cristina regresaría al país el viernes, procedente de Cuba. Y deberá afrontar, en los próximos meses, juicios orales en los casos de Los Sauces y Hotesur, sentada en el banquillo de los acusados. Mientras que el Gobierno buscará minimizar la investigación de Ramos Padilla. La disputa política –intensificada por la campaña electoral en ciernes- ya se instaló en los tribunales y promete quedarse ahí por un tiempo largo.