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Se trata de las cuatro mujeres que le prestaron dinero al funcionario. Dos fueron citadas como testigos para hoy; las otras dos están convocadas para el miércoles
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La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entra en una etapa decisiva. Luego de que el juez Ariel Lijo aceptara el pedido del fiscal Gerardo Pollicita para levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, desde hoy empezarán a desfilar todos los involucrados en las operaciones inmobiliarias que concretó el funcionario recientemente. Entre ellas, las cuatro mujeres que figuran como prestamistas del ministro.
Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, serán las encargadas de inaugurar la ronda de declaración de testigos. Según consta en el expediente judicial, ellas le prestaron a Adorni 100 mil dólares por la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. Ese mismo día la esposa del libertario, Bettina Angeletti, habría comprado una casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz. Molina es comisaria inspector retirada y habría aportado 85 mil dólares; su hija, que es oficial ayudante subinspectora, le habría facilitado los restantes 15 mil dólares.
La devolución habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, de acuerdo a lo que surge de la escritura de hipoteca de la unidad de Parque Chacabuco.
En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La fiscalía busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.
Según declaró la escribana de Adorni en la Justicia, fue ella la que hizo de puente entre las prestamistas y su cliente.
Por otro lado, el miércoles será el turno de otras dos testigos: las jubiladas que le vendieron al exvocero su departamento de Caballito, en el que vive actualmente y que compró sin desprenderse del anterior. Se trata de Beatriz Viega, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes le cedieron la unidad a cambio de un adelanto de 30 mil dólares y una hipoteca privada por 200 mil dólares que deberá saldar en noviembre, sin intereses.
Sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Puntualmente, el juez requirió declaraciones juradas impositivas presentadas, ingresos declarados, bienes y activos, facturación -si la hubiere- y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.
Además, se les hizo saber a las testigos que deberán comparecer con sus celulares, para facilitar contenidos como “mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas”. Probablemente, para evitar que ocurra lo que sucedió con la escribana del funcionario, que al momento de testificar dijo no contar con su teléfono.
En el juzgado también esperan para los próximos días la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de Viega y amigo de Adorni.
Entre los citados aparecen a su vez los dueños de la inmobiliaria Rucci, que intervino en las operaciones de los Adorni; el encargado del edificio de Caballito y Juan Ernesto Cosentino, el anterior propietario de la casa del country.
No solo las propiedades del jefe de Gabinete son materia de investigación. También están los viajes, como aquel que hizo en vuelo privado a Punta del Este y que habría pagado Marcelo Grandío, periodista amigo de Adorni que mantiene o mantuvo contratos con la TV Pública.
Además, la Justicia busca determinar el pago del ticket de regreso de la gira oficial por Estados Unidos del funcionario junto a su esposa. Según se supo, volvieron en un avión de línea, en primera clase, y el boleto costó unos 10 mil dólares.
Aunque desde la jefatura de gabinete salieron a aclarar que la mujer pagó su pasaje y el de Adorni lo abonó el Gobierno, las dudas persisten. Trascendió que Pollicita está tras la pista de otros viajes. El fiscal hace números y los cálculos no le cierran cuando compara el sueldo del funcionario con un nivel de vida que acumula varios metros cuadrados en propiedades y millas al exterior.
Pese a todo, en la cúpula libertaria lo sostienen. Más allá de los nombres que suenan como posibles reemplazos y de que incluso dentro del Gobierno hay quienes advierten que el caso está haciendo mella en la imagen presidencial, el propio mandatario insiste en respaldarlo públicamente, lo quiere activo en las reuniones de la mesa política y propone que vuelva a ponerse al frente de las conferencias de prensa. “Es un maravilloso jefe de Gabinete”, lo defendió poco antes de que el juez Lijo ordenara levantar el secreto fiscal y bancario.
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