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Una vez más volvieron a conocerse referencias indicativas del estado de deterioro edilicio y funcional que padecen las torres administrativas que, sobre las avenidas 51 y 53, flanquean al palacio municipal de La Plata. En esta oportunidad, en la segunda de esas sedes se registró una falla eléctrica que causó una llamarada, en una situación que hizo sonar las alarmas y derivó en la evacuación de los empleados que allí trabajan.
Se trató, afortunadamente, de un episodio menor que sólo causó temor y la interrupción de actividades. El incidente se suma a una serie de dificultades y fallas funcionales en las torres, ya que las deficiencias son comunes a ambas y, en buena medida, a la mayor parte de los edificios públicos de la Ciudad.
En el nutrido catálogo de reclamos existentes en las Torres, que se conocieron a lo largo del año, se debe mencionar la falta de buen funcionamiento de los ascensores, los problemas recurrentes que surgen con los baños y las fallas que durante muchos meses exhibió el montacargas.
Se habla de edificios que albergan dependencias públicas que manejan grandes volúmenes de expedientes y material administrativo.
Se aludió asimismo a la falta de alumbrado en las escaleras y, en el caso de la torre de 53 a los vidrios rotos que muestra el frente que da sobre calle 11. En la torre 1 de la avenida 51 atienden áreas administrativas de la Municipalidad y de la Dirección de Escuelas, con centenares de personas que acuden a ellas, mientras que en la torre 2 la mayoría de las oficinas son de la Provincia.
Tampoco esa situación es patrimonio exclusivo de las torres administrativos. Son muchas las sedes gubernamentales que se caracterizan por el pésimo estado que presentan en su exterior –con sus veredas ruinosas e intransitables- que se suman a las deficiencias funcionales en el interior, como las goteras y fisuras en sus techos y paredes, absolutamente impropias. Inclusive el frente de la Casa de Gobierno provincial se encuentra desde hace varios meses afectado por grafitis y bombazos de alquitrán.
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Resulta ciertamente paradójico que el gobierno provincial y la Municipalidad, celosos a la hora de imponer requisitos y fijar eventuales multas en lo concerniente al estado que deben presentar los inmuebles y a los reglamentos que deben cumplirse para poder habilitarlos, no exhiban el mismo empeño para fiscalizar el estado en que se hallan sus propias sedes.
Estas situaciones, que afectan la actividad cotidiana de miles de trabajadores y también a la del público que acude a esos edificios a realizar numerosos trámites, resulta, además, especialmente negativa en una ciudad que, como la nuestra, sigue aspirando a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre otros motivos por la calidad que desde la fundación exhibieron los palacios gubernamentales.
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