Funcionarios en sombras, república a oscuras

En la Argentina de hoy, hay una persona que toma las decisiones más relevantes del Estado, que pone y saca ministros, y que define las políticas públicas, pero que no se somete a ninguno de los controles que la ley exige. La situación de Santiago Caputo es incompatible con una democracia republicana. Si no sabemos su patrimonio, no podemos saber si sus decisiones están orientadas al bienestar de los argentinos o al bienestar propio y de amigos.

El Presidente mismo lo ha llamado “el verdadero arquitecto” de su gobierno. Por más de que sea un monotributista en lo formal, no es un simple asesor en la realidad. Los hechos demuestran que es un ministro sin cartera o, más aún, un jefe de gabinete de facto. Su poder es inmenso y se ejerce sin intermediarios. Cuando salió el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue Caputo quien se aseguró el control de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), designando a una persona de su entorno, Sergio Neiffert. Su influencia se extiende a empresas públicas estratégicas como ARSAT y ENACOM, y opera en ministerios clave como el de Justicia a través de sus delegados. Es un poder fáctico que atraviesa toda la administración. Todos lo sabemos.

Y aquí viene lo insostenible, la “chantada” con la que pretenden burlarse de todos los argentinos. Para evadir la ley, a uno de los vértices del “triángulo de hierro” del poder se lo contrata como un simple consultor, a través de un convenio de “prestación de servicios profesionales autónomos”. Con esta figura irregular, el gobierno argumenta que Caputo no está obligado a presentar su declaración jurada patrimonial, ni a informar sobre sus reuniones de lobby, siquiera a transparentar sus posibles conflictos de interés. Así hasta han respondido a preguntas concretas tanto del Congreso como también a periodistas de diferentes medios.

Es un fraude a la ley y un privilegio inadmisible. El derecho argentino es claro: rige el principio de realidad material, que establece que los hechos importan más que las formas. Si una persona actúa como un funcionario de alta jerarquía, debe ser sometido a las mismas normas de control y ética que los demás. Muchachos, tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es indudable que estamos frente a una burla al sistema republicano.

Por eso, he presentado un escrito formal a la Oficina Anticorrupción. No es un ataque personal, es una defensa de las instituciones. Exigimos que se le aplique a Santiago Caputo el mismo estándar de transparencia que se le exige a todos los ministros, secretarios y hasta directores de la Nación. Pedimos que se lo considere un sujeto obligado por la Ley de Ética Pública; que presente de forma inmediata su declaración jurada patrimonial integral; y que registre todas sus reuniones de gestión de intereses, para que sepamos con quién se junta y para qué.

Los argentinos no podemos tolerar otro gobierno de opacidad. El esfuerzo que hacemos todos los días merece un gobierno transparente. Tenemos que fortalecer las instituciones y hacer valer las leyes, porque si no, lo que reina es el caos y la discrecionalidad de los que se creen dueños del poder. El futuro no se construye con funcionarios en las sombras.

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* Legislador en la Ciudad de Buenos Aires