Resuelven si confirman el procesamiento de Alberto F.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. En esa instancia, la defensa del exmandatario insistirá en que Fernández no tuvo conocimiento de posibles maniobras irregulares vinculadas al esquema de contratación.

El tribunal también deberá considerar la postura del fiscal general ante Casación, Raúl Plee, quien definirá si sostiene o no la posición adoptada previamente por el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe. Este último había respaldado el planteo de la defensa al considerar que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en esa etapa del proceso. Una vez finalizada la audiencia, el tribunal quedará en condiciones de dictar resolución en un plazo aproximado de 20 días.

La investigación por la contratación de seguros

La causa se originó a partir de sospechas sobre un supuesto esquema irregular en la contratación de seguros para distintos organismos del Estado nacional, que habría implicado el pago de comisiones millonarias a intermediarios privados.

La hipótesis judicial sostiene que el decreto 823/2021 permitió que Nación Seguros centralizara la contratación de pólizas para organismos públicos y habilitara la designación de intermediarios y aseguradoras privadas sin aplicar los procedimientos habituales de selección.

Entre los principales beneficiarios identificados por la investigación aparecen el broker Héctor Martínez Sosa, considerado cercano a Fernández; su esposa María Cantero, exsecretaria del entonces presidente; y el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano.

LE PUEDE INTERESAR

Quieren pagar más deuda que quedó del default de 2001

LE PUEDE INTERESAR

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense

Según detalló el juez de instrucción Sebastián Casanello al dictar el procesamiento, durante la gestión de Pagliano la aseguradora estatal pagó comisiones por intermediación principalmente a tres grupos de productores liderados por Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.

Las estimaciones del expediente indican que las comisiones percibidas por esos grupos habrían alcanzado 2.200 millones de pesos, lo que representaría cerca del 59,6% del total de las comisiones pagadas a intermediarios por pólizas emitidas para organismos estatales durante el gobierno de Fernández.

La investigación también sostiene que la designación de María Cantero como secretaria privada del Presidente habría sido utilizada para facilitar o gestionar contrataciones de organismos públicos en favor de su entorno familiar.

El antecedente de la Cámara Federal

El procesamiento de Fernández ya fue analizado por la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó la decisión del juez Casanello y respaldó la hipótesis de un esquema de direccionamiento en la contratación de seguros.

Según ese tribunal, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 habría funcionado un sistema que favoreció a determinados intermediarios en la contratación de pólizas para dependencias estatales a través de Nación Seguros.

La Cámara también ratificó el procesamiento sin prisión preventiva del expresidente por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, además de mantener un embargo sobre sus bienes por 14.600 millones de pesos y la prohibición de salida del país sin autorización judicial.

En su resolución, los camaristas señalaron que Fernández habría tenido un rol relevante para que el empresario Héctor Martínez Sosa accediera a numerosos contratos públicos, a partir de su vínculo personal y de su influencia en la designación de autoridades dentro de la aseguradora estatal.

Ahora, la decisión final sobre la continuidad del procesamiento quedará en manos de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema.