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Decenas de cadáveres en las calles, vecinos aterrados, numerosas denuncias de ejecuciones y un país en shock. La operación sacudió al Comando Vermelho
El amanecer del miércoles encontró a Río de Janeiro cubierto de humo, olor a pólvora y llanto. En una plaza del Complejo da Penha, los vecinos colocaron más de un centenar de cuerpos alineados, cubiertos con mantas viejas, plásticos y sábanas manchadas de sangre. “Los mataron como a animales”, repetía una mujer entre gritos. “No fue un operativo, fue una masacre”.
El último conteo de la Defensoría Pública del Estado de Río elevó a 132 las víctimas fatales, superando incluso las cifras oficiales del gobierno, que reconoció 119. La mayoría serían presuntos integrantes del Comando Vermelho, pero los relatos de testigos y familiares apuntan a ejecuciones sumarias y disparos por la espalda.
Un periodista describió un panorama espeluznante: cuerpos mutilados, un hombre decapitado y un olor insoportable que invadía las calles de tierra.
Todo comenzó el martes, cuando la policía lanzó un megaoperativo “de precisión” para desmantelar células del Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de Río. Pero la intervención se convirtió en un campo de batalla que dejó escenas propias de una guerra civil.
Durante horas, los tiroteos no cesaron. Las balas cruzadas impactaban contra las casas, los colectivos ardían en llamas y drones lanzaban explosivos artesanales sobre las fuerzas de seguridad. Los vecinos huyeron como pudieron, mientras otros quedaban atrapados en sus viviendas.
“Mi hijo salió a comprar pan y no volvió. Está allá, tirado entre los muertos”, dijo una mujer con la voz quebrada, señalando hacia la plaza.
Las escuelas suspendieron las clases, los colectivos dejaron de circular y miles de personas quedaron varadas sin poder regresar a sus hogares. Río se paralizó por completo.

La imagen es impactante. Decenas de cuerpos, rodeados de allegados y curiosos, el día después del descomunal operativo policial en las favelas contra el crimen organizado / Web
En medio del horror, el gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, salió a defender el operativo y lo calificó como “un éxito”.
“Las únicas víctimas inocentes fueron nuestros cuatro policías muertos”, declaró ante la prensa, negando que hubiera civiles entre los 128 restantes. Y fue más lejos: “No creo que hubiera nadie paseando por el bosque durante un tiroteo. Los fallecidos eran criminales”.
Desde Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con dureza: “Está horrorizado”, dijo su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien confirmó que el gobierno federal no había sido informado previamente de la operación. Lula convocó una reunión de emergencia con sus ministros y ordenó enviar una delegación a Río.
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“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”
En el barrio, los relatos son unánimes. “Les disparaban cuando ya estaban rendidos”, dijo el activista Raull Santiago, de 36 años. “Muchos murieron con un tiro en la nuca o por la espalda. Eso no es seguridad, es ejecución”.
El abogado Albino Pereira Neto, que representa a tres familias de víctimas, sostuvo que sus defendidos “fueron sometidos y asesinados fríamente” y que pedirá la intervención de la justicia federal.
Los cuerpos, muchos irreconocibles, fueron trasladados en camiones hacia la morgue central. En los pasillos del instituto forense, madres y esposas se agolpaban intentando reconocerlos. “Me dijeron que no puedo ver a mi hijo porque está irreconocible”, sollozaba una mujer de unos cincuenta años.
El impacto internacional fue inmediato. La ONU se declaró “profundamente horrorizada” por los hechos y pidió una investigación independiente. Amnistía Internacional y una treintena de organizaciones de derechos humanos denunciaron que la acción policial “sumió a Río en un estado de terror”.
“No hay guerra al narcotráfico que justifique 132 muertos”, sostuvo en un comunicado el colectivo Redes da Maré.
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La masacre supera en número de víctimas incluso a la tristemente célebre matanza de Carandiru, ocurrida el 2 de octubre de 1992 en San Pablo, cuando 111 presos fueron ejecutados en una intervención policial.
Treinta y tres años después, la historia se repite con una crueldad aún mayor.
El gobernador Castro ordenó reforzar el patrullaje en todo el estado. Pero en las calles, nadie se siente a salvo. “Nos prometieron seguridad y nos dejaron un cementerio”, dijo un vecino.
Con 132 muertos, Río de Janeiro escribe el capítulo más oscuro de su historia reciente. Un capítulo en el que las sirenas, el humo y el silencio de los que quedaron son el eco de un país que no termina de despertar de su pesadilla.
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