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Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro recuperaron decenas de cuerpos este miércoles, un día después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 119 fallecidos.
Un periodista de AFP vio un decapitado, un fallecido con la cabeza destrozada y algunos habitantes denunciaron "ejecuciones".
El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Rio que opera en las favelas.
Las autoridades anunciaron un último dato actualizado de esta operación contra el narcotráfico que dejó escenas de guerra en Rio el martes: 119 muertos, de los cuales 115 sospechosos y cuatro policías.
Investigación "inmediata"
El Estado de Rio emplea desde hace tiempo el término "narcoterrorismo", "muy influenciado" por la política de Donald Trump de definir así a grupos armados locales, pero nada lo "justifica", explicó a la AFP la experta brasileña en crimen organizado Carolina Grillo.
"Aquí son grupos armados que operan en mercados ilegales, que buscan el lucro, no la promoción del terror en la sociedad", agrega.
Lula reunió este miércoles a varios de sus ministros en su residencia oficial en Brasilia.
La seguridad promete colarse en la campaña presidencial de las elecciones de 2026, en la que el izquierdista prevé postularse de nuevo.
Organismos internacionales y organizaciones civiles como Amnistía Internacional condenaron la operación.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, se mostró "muy preocupado" y pidió una "investigación inmediata" sobre la actuación policial.
Hasta ahora la actuación contra el crimen más letal en la historia de Brasil era la masacre de Carandirú ocurrida el 2 de octubre de 1992.
Ese día 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar para controlar un motín en ese penal del estado de Sao Paulo.
El megaoperativo provocó el caos el martes en Rio. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.
En medio del horror, el gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, salió a defender el operativo y lo calificó como “un éxito”.
“Las únicas víctimas inocentes fueron nuestros cuatro policías muertos”, declaró ante la prensa, negando que hubiera civiles entre los 128 restantes. Y fue más lejos: “No creo que hubiera nadie paseando por el bosque durante un tiroteo. Los fallecidos eran criminales”.
Desde Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con dureza: “Está horrorizado”, dijo su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien confirmó que el gobierno federal no había sido informado previamente de la operación. Lula convocó una reunión de emergencia con sus ministros y ordenó enviar una delegación a Río.
En el barrio, los relatos son unánimes. “Les disparaban cuando ya estaban rendidos”, dijo el activista Raull Santiago, de 36 años. “Muchos murieron con un tiro en la nuca o por la espalda. Eso no es seguridad, es ejecución”.
El abogado Albino Pereira Neto, que representa a tres familias de víctimas, sostuvo que sus defendidos “fueron sometidos y asesinados fríamente” y que pedirá la intervención de la justicia federal.
Los cuerpos, muchos irreconocibles, fueron trasladados en camiones hacia la morgue central. En los pasillos del instituto forense, madres y esposas se agolpaban intentando reconocerlos. “Me dijeron que no puedo ver a mi hijo porque está irreconocible”, sollozaba una mujer de unos cincuenta años.
El impacto internacional fue inmediato. La ONU se declaró “profundamente horrorizada” por los hechos y pidió una investigación independiente. Amnistía Internacional y una treintena de organizaciones de derechos humanos denunciaron que la acción policial “sumió a Río en un estado de terror”.
“No hay guerra al narcotráfico que justifique 132 muertos”, sostuvo en un comunicado el colectivo Redes da Maré.
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