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Agustina Rocío Fernández
En plenas negociaciones en el marco de las sesiones extraordinarias, en el Gobierno insisten con la necesidad de eliminar las elecciones PASO. Sin embargo, ante la falta de consenso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que LLA irá por la suspensión de las PASO en caso de no reunir los votos suficientes para derogarlas.
Lo cierto es que la propuesta cuenta con el aval de la población. Una encuesta realizada por la consultora Opinaia - Termómetro Ciudadano mostró que casi un 70% de la población está de acuerdo con quitar del calendario electoral las PASO. La encuesta determinó que para el 46% de las personas se trataría de una medida “muy positiva”.
Gerardo Scherlis, politólogo y Director de Ciencia Política de la UBA, señaló que el efecto virtuoso de las PASO está en la “reducción de la oferta electoral”, la cual contribuye a “darle mayor estabilidad al sistema” y “reducir su fragmentación”. Sin embargo, este argumento no convence a la ciudadanía, que tampoco tiene “especial interés en decidir quiénes van a ser los candidatos de los partidos” porque “lo ven como un problema propio de los partidos”.
En tanto, el politólogo e investigador en el Conicet, Miguel De Luca, señaló que “la población guarda una opinión bastante negativa sobre la política y los políticos en general”. Pero también afirmó que las encuestas no se enfocan en los resultados de las PASO en el sistema. En ese sentido, interrogó: “Qué respondería la población a preguntas como éstas”:
- “¿Está usted de acuerdo con que los partidos armen sus listas a dedo?”.
- “¿Cree que los partidos políticos deben decidir en forma exclusiva quiénes son sus candidatos o le parece mejor que toda la ciudadanía pueda participar de la elaboración de las listas?”.
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Para sancionar la reforma electoral, el oficialismo debe alcanzar una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
LLA suma 39 diputados nacionales y, para la construcción de mayorías, necesita de sus socios políticos: el PRO de Cristian Ritondo y de la UCR de Rodrigo de Loredo. Se trata de dos sectores que mostraron el rechazo a eliminarlas, pero enviaron gestos al Poder Ejecutivo que podrían sumar voluntades para suspenderlas.
En tanto, los libertarios buscarían sumar adhesiones en el peronismo. En ese caso apuestan por los legisladores que se referencian en gobernadores o líderes locales que en su momento se mostraron favorables a la eliminación de las primarias.
Mientras que los radicales están divididos al respecto, la bancada de la Coalición Cívica también avalaría la suspensión.
El argumento del Gobierno para promover la derogación de las primarias es económico. Francos dijo en reiteradas ocasiones, que las PASO son “un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado”, motivo por el cual habría que cambiar el sistema.
Scherlis advirtió que las PASO funcionan como “filtro de la oferta electoral en un sistema que no pone mayores restricciones a la formación y conservación de partidos”. Por eso, “con más de 700 partidos de distrito y alrededor de 50 partidos nacionales, y en un marco de renovada fragmentación del sistema, eliminar las PASO sin medidas adicionales puede llevar a una oferta muy dispersa”.
A su turno, De Luca señaló que la derogación de las primarias “favorecerá al oficialismo nacional y a los oficialismos de cada provincia”, dado que “tendrán mucho poder para armar las listas en cada distrito, y las minorías partidarias y los socios menores de cada coalición deberán aceptar las candidaturas que les ofrezcan o afrontar una elección por su cuenta, cargando con costos de la campaña y arriesgándose a un mal resultado”, sentenció.
Otra lectura de la iniciativa es que quiebra el discurso “anti-casta” que llevó a Javier Milei a la presidencia. Al suspender las primarias, la definición de los candidatos saldría de elecciones internas en las que cada vez participa menos gente. De esa manera, todo quedaría en manos de los aparatos partidarios, reduciendo la participación ciudadana en la conformación de la oferta electoral que tendrán a disposición los ciudadanos en la elección general.
María Eugenia Zamarreño, investigadora asociada de Estado y Gobierno de Cippec agregó que la fragmentación electoral y la dispersión política hacen “más dificultosa la consolidación de acuerdos y, en última instancia, afecta la gobernabilidad”.
Además, subrayó que “plantear su eliminación en un contexto donde se está implementando la Boleta Única de Papel no parece la mejor estrategia, ya que ambos cambios van a impactar en el funcionamiento del sistema electoral y requieren una planificación más cuidadosa que garantice la estabilidad y confianza ciudadana”.
El oficialismo debe rever su estrategia si no quiere que las primarias se realicen en agosto y se cumpla con el calendario electoral normal. Si bien todo parece encaminado a una suspensión de las PASO, también existen otras opciones.
Scherlis señaló que el mecanismo más razonable es el que tienen países como Chile o Colombia, “donde son los propios partidos o alianzas los que definen si recurren o no al uso de una primaria regulada por la ley y bajo la administración de la autoridad estatal, con voto ciudadano optativo”.
En el Congreso Nacional hay más de una decena de iniciativas que ya tienen estado parlamentario para modificar las PASO.
Entre ellos, el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, propuso que las fórmulas no sean cerradas y, por el contrario, el candidato a vicepresidente sea elegido por el candidato presidencial dentro de las 48 horas posteriores a su proclamación.
De Luca señaló que esta iniciativa es “muy conveniente” porque “le permite a los partidos o coaliciones cerrar las heridas que deja la votación”. Este es el sistema que funciona en Uruguay y, según el analista, “los resultados son satisfactorios”.
En tanto, Scherlis señaló que se trata de apenas “una pequeña medida correctora dentro del sistema PASO”.
Otra de las propuestas implica eliminar la obligatoriedad de las elecciones, convirtiendo las PASO en PAS. Son dos las iniciativas en este sentido, que llevan la firma de María Eugenia Vidal (PRO) y de Juan Manuel López (Coalición Cívica).
Según De Luca, esta idea “rompe la lógica sistémica de esta reforma: sus consecuencias serían más negativas que positivas”.
En tanto, la exdiputada Mercedes Joury sugirió cambios en los plazos del calendario electoral: su propuesta implica votar el segundo domingo de septiembre para achicar los tiempos hasta las generales. De Luca calificó esta propuesta como “acertada”, y Zamarreño señaló que esta medida podría “minimizar la fatiga ciudadana”.
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