Movilidad en la mira: ¿resisten las jubilaciones el aluvión de precios?

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La movilidad jubilatoria arranca el año muy por atrás de la inflación. La suba de marzo del 27,18 por ciento queda pulverizado frente al aumento de precios que, sólo en enero, trepó a 20,6 por ciento.

Este incremento en las jubilaciones surge de la aplicación de la fórmula de movilidad previsional que combina 50 por ciento de la variación de los recursos tributarios por beneficio de la Anses (25,74 por ciento para el primer trimestre de 2024) y 50 por ciento del aumento de las remuneraciones (variación del 28,61 por ciento).

De esta manera, el haber mínimo pasó de $105.713 a $134.445 y se mantendrá en esos niveles hasta la próxima movilidad que será en junio próximo, si es que nada cambia antes.

Ya en el Gobierno de Alberto Fernández la brecha entre movilidad previsional e inflación intentó ser cubierta con bonos “extraordinarios”, los cuales fueron dirigidos al sector de haberes más bajos.

Menos poder adquisitivo

Más allá de los esfuerzos, las jubilaciones mínimas (que representan más del 60 por ciento de los beneficios totales) no pudieron escapar a las pérdidas en el poder adquisitivo y, los bonos excepcionales se convirtieron en refuerzos usuales.

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En los últimos 12 meses (de enero 2023 a enero 2024), las jubilaciones de la Anses más bajas cayeron 24,5 por ciento aún con bonos, mientras que los ingresos de quienes no recibieron ningún refuerzo extra sufrieron una pérdida del 40,5 por ciento.

Por su parte, los bonos de enero y febrero se mantuvieron fijos en los niveles de diciembre 2023 por lo que los refuerzos mensuales de $55.000 también vienen perdiendo contra la inflación.

Sólo en enero, los haberes previsionales perdieron 17 por ciento. Con una inflación esperada para el primer trimestre de 2024 cercana al 60 por ciento, el aumento del 27,18 por ciento llevaría a una pérdida total para el primer trimestre del año en torno al 20 por ciento, aún para quienes acceden al bono de $70.000 en marzo.

Y si se mira un horizonte más largo, a pesar del empeño puesto en proteger a los más vulnerables, la pérdida del poder adquisitivo se repite.

Entre diciembre 2019 y enero 2024, los haberes más bajos (incluyendo bonos) perdieron 44 por ciento del poder de compra. La situación es aún más grave para quienes no recibieron refuerzos adicionales, con una pérdida real del 55 por ciento al comparar el aumento de precios (1403 por ciento) con el ajuste por movilidad (581 por ciento).

En términos sencillos, si en enero de 2020 un jubilado de la parte más alta de la pirámide podía comprar 10 manzanas, en enero de 2024 solo pudo comprar 4 manzanas y media (menos de la mitad), y los más desfavorecidos de la escala pudieron comprar 1 manzana más que los más ricos.

Al igual que los bonos extras, el complemento al haber mínimo que recibieron los jubilados con 30 años de aportes efectivos quedó congelado en diciembre 2023 y enero 2024. Este plus, que alcanza a casi 1,4 millones de beneficiarios, ascendió hasta $22.207, garantizando una jubilación mínima de $127.920, lo cual equivalía al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil de aquel entonces.

Con la suba del salario mínimo a $180.000 en febrero y a $202.800 en marzo, el plus se incrementa hasta los $ 41.887 y los $31.851, respectivamente. A pesar de este incremento, el complemento es cada vez menor en términos nominales, y a su vez se va diluyendo en términos reales.

El ajuste macro

A nivel más macro, el ajuste sobre las jubilaciones puede verse también cuando se analiza la participación de las prestaciones de la seguridad social en la economía. A comienzos de los ‘90, las jubilaciones y pensiones de Anses representaban cerca del 5 por ciento del PIB. Este porcentaje se fue reduciendo llegando al 4 por ciento para comienzos de los años 2000.

Recién a partir del 2006, la participación de las jubilaciones en el presupuesto comienza un camino ascendente llegando a representar el 8 por ciento del PIB en el año 2017. Luego, el peso de las prestaciones de la seguridad social comenzó a bajar nuevamente alcanzando un 6,5 por ciento del PIB en 2022, con una proyección aún menor para 2023 (en torno al 5,5 por ciento).

¿Qué significa esto? De manera bien simple, si lo que genera la economía (bienes y servicios) fuese una torta, la porción que le toca al grupo de jubilados es similar a la porción que tenía en los ‘90 (se llevan poco menos del 6 por ciento de toda la torta), lo que indica que han perdido parte del terreno que ganaron en los últimos 15 años. A esto hay que agregarle que ahora son muchos más los jubilados dueños de esa porción. Mientras que en los ‘90 los jubilados y pensionados del sistema de reparto eran un poco más de 3 millones, actualmente ese número asciende a 9 millones si sumamos las pensiones no contributivas.

El resultado inevitable es que, si se reparte cada vez menos, algunos (o todos) van a recibir menos, dependiendo de la manera en que se haga la redistribución. Actualmente, las jubilaciones máximas representan casi 7 veces el haber mínimo, pero si se tienen en cuenta los bonos extra, esa relación cae a 4,5. Para fines de los ‘90, un jubilado de la máxima cobraba 14 veces el haber mínimo. Entonces, si bien las participaciones en la economía se acercan a las de los ‘90, lo que pasa adentro del grupo de jubilados es totalmente diferente. La porción, ahora más reducida, se reparte entre una mayor cantidad de individuos, los cuales no sólo provienen de regímenes heterogéneos sino que se enfrentan a ajustes dispares, pero ajustes al fin.

Más allá de una fórmula

Por lo tanto, pensar que la solución a estos desajustes está en la fórmula de movilidad es por demás simplista. Contar con una regla de movilidad jubilatoria es necesario para asegurar previsibilidad a los jubilados, pero si la base de cálculo es baja, los jubilados arrancarían la carrera comprando 5 y no las 10 manzanas que compraban originalmente.

Cualquier regla tendría primero que recomponer los haberes, para luego ajustarlos de acuerdo la fórmula acordada. Por eso, la fórmula es importante, pero el empalme y definición del punto de partida son igual de relevantes. La sociedad deberá también acordar qué parte del PIB es la que debe destinarse al sistema previsional.

No está mal acordar 10 por ciento del PIB, por ejemplo, manteniendo alta cobertura como la actual y mejorando la suficiencia de los haberes, pero el diseño del sistema debe reacomodarse para que esa participación sea posible. La clave está en que esos acuerdos sean sostenibles, y no simplemente guiados por la coyuntura. Los ajustes mediante licuación de jubilaciones no son la solución sino que se requieren soluciones estructurales. El momento para empezar a cambiar es ahora.