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El proyecto del Gobierno para llevar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 25 sumó ayer el rechazo de una parte del empresariado argentino. Como el de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), donde advirtieron que “esta iniciativa significa una manipulación de las instituciones con el verdadero fin de someter a la justicia al Poder Ejecutivo”.
Luego de sostener que se trata de “una clara alteración de la independencia de poderes que debe regir en nuestra Nación”, en la ACDE cuestionaron que el proyecto desalentará además la llegada de inversiones.
“Únicamente llegarán inversiones productivas y se generará empleo genuino en la Argentina si la división de poderes está garantizada y la Justicia es administrada en forma independiente de los intereses del Gobierno”, aseveraron los empresarios en un comunicado.
También desde el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se expresaron en contra de la iniciativa que pretende aumentar el número de integrantes de la Corte por entender que implica dar “un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
Para este grupo de empresarios, la reforma en el órgano supremo de Justicia “busca que la cabeza del Poder Judicial quede subordinada al poder político”, algo que, afirmaron, atenta contra la generación de empleo y las inversiones, “que solo van a venir si les aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia independiente”.
Las críticas se dan luego de que la semana pasada el presidente, Alberto Fernández, se reuniera con 13 gobernadores para avanzar en el proyecto de ampliación de la Corte. Tras ese encuentro, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, junto a sus pares de Buenos Aires, San Luis y La Pampa, defendió que la iniciativa propicia “que la Corte tenga 25 miembros, uno por cada una de las jurisdicciones y del Estado Nacional, y con paridad de género, para conformar una Corte federal”.
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Sin embargo, apenas fue anunciado, el proyecto empezó a cosechar críticas y rechazos.
Por ejemplo, en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales calificaron la medida como “inconstitucional, absurda y corporativa”.
En el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, tacharon de “insólito” querer establecer una “Corte Federal” para, según alertaron, “subordinar a nuestro máximo tribunal al poder político”. Mientras cuestionaron que “esta iniciativa desconoce de manera palmaria la naturaleza del Poder Judicial en general, y de la Corte Suprema en particular, que no es un órgano representativo ni corporativo” y que se trata de “la reedición de maniobras que se han ensayado muchas veces en el pasado”, por lo que “no es aventurado afirmar que la historia de la decadencia argentina va de la mano de la historia de la manipulación de su Poder Judicial”.
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