Magistratura y tensión: otra maniobra del kirchnerismo

La férrea resistencia y rechazo de la Vicepresidenta a la nueva composición del Consejo de la Magistratura, tal como lo resolvió la Corte Suprema a través de un fallo que ordena volver a la integración original de consejeros (20), genera un severo conflicto entre poderes y profundiza la pelea con la oposición. El oficialismo, así, se refugia y ataca ahora desde el Congreso con el intento de frenar nombramientos de los consejeros legislativos o bien buscar otro lugar por la minoría, que reclama Juntos por el Cambio.

Anoche, trascendió que el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores se dividió en dos espacios. Por un lado quedó “Unidad Ciudadana”, espacio referenciado en Cristina Kirchner, y del otro el “Frente Nacional y Popular”, alineado con los gobernadores. Pero la oposición no ve una interna sino otra jugada “para robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

Por eso más temprano, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio exigió a Cristina Kirchner y a Sergio Massa, como titulares de ambas cámaras, que no demoren más la designación como representantes de las segundas minorías parlamentarias en la Magistratura de la diputada Roxana Reyes (UCR) y del senador Luis Juez (PRO), so pena de ser denunciados penalmente.

Pese a la dura advertencia opositora, también anoche el bloque del Frente de Todos de la Cámara baja le pidió a Massa -que queda en la vía del medio entre el kirchnerismo y la oposición en cuanto a una decisión sobre los planteos- que se “abstenga de avanzar en las nuevas designaciones” -en este caso, de la diputada Reyes- hasta tanto “no quede absolutamente claro” el criterio para definir “a la segunda minoría” de dicho cuerpo. También pareció otra señal para pelear un lugar por la minoría que le corresponde a la oposición. esta movida se da después un polémico fallo contra la asunción de los representantes legislativos del juez de Paraná, Daniel Alonso, que la Corte rechazó por “notoria ignorancia” del Derecho.

Al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner-, la Corte argumentó que su conformación “no respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos” políticos y técnicos. Y por eso ordenó ampliar el Consejo de 13 a 20 miembros, buscando más peso en las decisiones de los demás integrantes (jueces, abogados, académicos) sobre el poder político (legisladores y un representante del Ejecutivo).

“Embarrar la cancha”

Para la oposición, se trata de un nuevo intento del kirchnerismo por “embarrar la cancha”, que impacta “en las instituciones, la división de poderes y el cumplimiento de la propia Constitución” .

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Anoche el senador radical Alfredo Cornejo llamó a la movida oficialista una “vergonzosa e impostada división del bloque oficialista y, apuntó a que el objetivo de la anunciada ruptura es “intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

Por su parte, Mario Negri, diputado radical apuntó directo a la vicepresidenta: “El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes. Sólo quiere su impunidad”.

El kirchnerismo viene denunciando una “ilegal” intromisión de la Corte en la Magistratura. En verdad, el máximo tribunal hizo cumplir un propio fallo de fines de 2021 que declaró inconstitucional la entonces composición del organismo que elige y sanciona a los jueces y ordenó al Parlamento que en 90 días sancionara una norma que armonizara la integración de dicha institución; en caso contrario, volvería a tener 20 representantes y al titular de la Corte como presidente, tal como lo estipulaba la ley original. Y como finalmente no hubo acuerdo en el Congreso en los plazos previstos, el pasado lunes el cortesano Horacio Rosatti asumió como nuevo presidente del organismo.

Rosatti, que convocó para hoy una reunión a jueces federales en su doble rol de presidente de la Corte y de la Magistratura, fue designado en el máximo tribunal por el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, llegó a la intendencia de la capital santafesina por el peronismo y fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

la disputa legislativa

La ley de 1997 asignaba cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso aún resta designar a un legislador por la segunda minoría en cada una. La UCR y el PRO ya presentaron formalmente a sus representantes pero tanto Cristina como Massa se niegan a oficializarlos. En verdad, desde el lunes, cuando comenzó a escalar el conflicto, el kirchnerismo viene acusando al titular de la Corte de “asaltar al Consejo de la Magistratura” dando un golpe institucional a uno de los poderes de la Nación.

En la Casa Rosada, mientras, optaron por no entrometerse públicamente en este conflicto entre poderes. Por lo bajo, sí han cuestionado la resolución del máximo tribunal que declaró inconstitucional la anterior composición de la Magistratura y puso un exiguo plazo para actualizar su integración. “No nos gusta la situación pero el tema está ahora en el Parlamento”, fue el lacónico comentario de un alto funcionario que transitaba en la víspera por el Patio de las Palmeras. Otras fuentes del Ejecutivo consultadas justificaron el silencio oficial al respecto pero, además, reconocieron haber sufrido presiones del kirchnerismo para que Alberto Fernández anulara vía DNU la supuesta intromisión de la Corte. “Eso no va. Era convalidar un error con otro error”, explicaron.

Lo cierto es que ante esta situación la oposición salió ayer a respaldar la actuación de Rossatti y a exigir al oficialismo completar la integración del organismo para garantizar su pleno funcionamiento.

Bien temprano Elisa Carrió y sus diputados de la Coalición Cívica enviaron una carta dirigida a Cristina y a Massa en que la plantean que “cualquier otra decisión” que no sea avanzar con los nombramientos, representa “un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional”.

Por la tarde, fueron todos los diputados y senadores de Juntos por el Cambio quienes presionaron a las autoridades de ambas cámaras ser pasibles de denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y sedición si llegaran a alzarse contra el fallo y las resoluciones del máximo tribunal, esto es, negarse a enviar las nominaciones de los consejeros parlamentarios por la oposición.

El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, llamó “a la reflexión a las autoridades del Senado y de Diputados para que retomen el camino de la racionalidad y de la legalidad”. Y agregó: “tienen que acatar el fallo de la Corte Suprema. La Constitución está para ser cumplida, no para que sea interpretada según la conveniencia política del gobierno de turno”.

“El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia”, dijo Negri