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Agustín Maza
eleconomista.com.ar
Luego de dos años de negociaciones (aunque comenzaron seriamente después de las legislativas de 2021), que se exacerbaron durante las últimas semanas por el conflicto bélico en Ucrania, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo técnico para un programa de facilidades extendidas por la deuda de US$ 45.000 millones.
Ahora, el desafío de Alberto Fernández será juntar los votos en el Congreso para darle una resolución definitiva al entendimiento con el organismo, minimizando las fisuras internas y comenzar otra etapa en la gestión.
En un comunicado, el FMI confirmó también el entendimiento alcanzado con las autoridades argentinas “sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por su siglas en inglés) de 30 meses” y calificó al entendimiento de “pragmático y realista”.
La iniciativa, que lleva como título “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresó al Congreso en los términos de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el Gobierno. Sin duda, el paso obligado por el Congreso es un avance institucional no menor para Argentina.
El lunes, el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, expondrá en Diputados los principales lineamientos junto al presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el representante de Argentina ante el FMI, Sergio Chodos. Posteriormente, y según lo acordado entre los jefes de bloque, el martes también acudirán a la comisión de Presupuesto y Hacienda representantes de la CGT, la CTA, movimientos sociales y empresarios. La idea es mostrar un apoyo de los sectores del trabajo y la producción.
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En el comunicado de Economía se consignó que se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, “consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional”.
“Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, añadió el documento. También se confirmó una baja importante en la asistencia del Banco Central al Tesoro, que forzará a Guzmán a estar muy fino en el mercado de deuda en pesos.
El financiamiento monetario será de 1% del PIB en 2022, 0,6% en 2023 y cercano a 0 en 2024. Los otros detalles, que fueron filtrados en un borrador, se verificarán cuando el Gobierno presente la “letra chica” ante el Congreso. El punto central que trababa las negociaciones (la reducción de subsidios a la energía) fue resuelto en los últimos días e implicará un nuevo esquema de segmentación tarifaria.
El desafío del Gobierno en las próximas semanas será generar consensos internos y con la oposición para que el acuerdo sea sancionado en ambas cámaras lo antes posible. La fecha límite es el 22 de marzo, cuando vencen US$ 2.800 millones con el organismo, pago que no puede afrontar nuestro país debido a la falta de reservas en el Banco Central.
La interna del Frente de Todos tiene que ver con la insatisfacción del kirchnerismo con el acuerdo alcanzado. Cerca de la vicepresidenta Cristina Fernández aseguran que el crecimiento será condicionado en los próximos años por los lineamientos del entendimiento y pedían además un ajuste tarifario de sólo 20% que finalmente, aunque no representará una reducción significativa en los subsidios, será mayor al previsto originalmente.
Otro punto de desacuerdo tiene más un tinte político. Desde el Instituto Patria reconocen que probablemente no hubieran conseguido un acuerdo mejor con Washington, pero dicen que hubieran negociado de otra forma. En concreto, una postura más belicosa que refleje una posición más “dura” a la hora de negociar con el organismo.
Además, la postura dentro del kirchnerismo sostiene que el anuncio de un acuerdo no debería ser “celebrado” para evitar una señal a la sociedad de que el “culpable” de las posibles dificultades de los próximos años sea el peronismo.
En definitiva, insistir con que el responsable fue el Gobierno de Mauricio Macri. En ese punto, el Presidente realizó un guiño a la vice y su sector durante su discurso ante la Asamblea Legislativa al mencionar la investigación por la deuda tomada en 2018 y 2019. Desde la Casa Rosada saben que no hay posibilidades de avanzar en ese sentido, pero saben que sirve como arma política.
Eso no cayó nada bien en el PRO y, de hecho, eso fue lo que gatilló su salida del recinto. Quizás ahora le sirva al Frente de Todos como una carta de negociación.
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