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La Justicia federal dictó el procesamiento -como se informó desde ayer- y un embargo millonario contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, en el marco de la causa por el polémico esquema de fotomultas y maniobras vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Tras ello, la Coalición Cívica amplió hoy la denuncia judicial contra el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo.
“En Pilar parece haber funcionado un entramado de corrupción política que debe ser esclarecido por la Justicia”, expresó Matías Yofe, uno de los denunciantes junto a Elisa Carrió y Paula Oliveto en la causa por la que fue procesado el ex funcionario de Kicillof cercano a Sergio Massa.
Los dirigentes de la Coalición Cívica le pidieron a la fiscalía que indague sobre presuntas “relaciones societarias, comerciales o de decisión entre la empresa Franutec y D’Onofrio, Pombo y el intendente de esta localidad, Federico de Achával, o terceros asociados a ellos”.
“Resulta difícil pensar que no existió una sociedad entre el intendente De Achával, el ex ministro D’Onofrio y la ex concejal Pombo”, señaló Pombo.
Para el denunciante, “los datos y los vínculos parecen ser categóricos y es importante que esto sea confirmado por la Justicia”.
El Juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento contra D’Onofrio, y lo embargó por 350 millones de pesos, aunque continuará en libertad.
“Deseo dejar asentado que, a partir de la información documental y administrativa que pude obtener, tengo la sospecha fundada de que la firma Franutec podría haber sido constituida y utilizada para intervenir en contrataciones públicas de manera coordinada entre personas vinculadas al ámbito estatal y político”, indicó Yofe en su presentación judicial.
Al respecto, destacó que “determinados patrones, como fechas de constitución, rubros, contrataciones, vínculos personales o políticos y posibles beneficiarios finales, resultan sugestivos”.
“Es público y conocido que Jorge D’Onofrio mantiene un vínculo directo con el intendente Federico de Achával, que ha tenido materializaciones institucionales concretas, entre ellas la designación de Claudia Pombo como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Pilar y la de su hermano Eduardo D’Onofrio en la Secretaria de Hábitat del municipio, resultado directo de ese entramado político”, explicó Yofe.
Por último, Yofe indicó que “esta articulación evidencia que no se trata de conexiones aisladas, sino de un sistema orgánico de influencias con capacidad real de impacto en expedientes administrativos, judiciales y de control”.
Procesamiento y 350 millones
El juez federal Adrián González Charvay determinó que el exfuncionario, que ya había renunciado a su cargo, debe responder por lavado de activos. Además, se le impuso el secuestro de sus bienes por un monto de $350.000.000.
La medida también alcanzó a Facundo Asencio, el exdirector de Fiscalización y Control en la cartera de Transporte. En este caso, su patrimonio fue bloqueado por un embargo cercano a los $300 millones, según fuentes judiciales vinculadas al expediente.
En la resolución, el juez destaca el uso de una “estructura criminal” presuntamente diseñada para borrar multas de tránsito a cambio de pagos, y para canalizar fondos hacia bienes personales.
El ex ministro había renunciado a su puesto a fines de 2024, mientras crecía el escándalo político y judicial. Interviene en la causa el Juzgado Federal de Campana, encargado de investigar las posibles irregularidades en la gestión del sistema de multas y la VTV.
Más allá de las responsabilidades que podrían caberle a D’onofrio, los reflectores apuntan también a otros funcionarios, como Claudia Pombo, mano derecha del exministro y presidenta del Concejo Deliberante de Pilar hasta que estalló el escándalo.
Bajo la mira de la Justicia también aparece Roxana Pombo, hermana de Claudia, también concejal de Unión por la Patria y que el 8 de mayo de 2024 había sido designada por D’Onofrio como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial.
Facundo Asencio, yerno de Claudia Pombo y nombrado en agosto de 2022 como Director de Fiscalización y Control en la cartera de Transporte, era otro de los ya apuntados por la Justicia.
D’Onofrio está siendo investigando por una serie de maniobras con el sistema de multas que permitía una recaudación paralela. Al momento de imputarlo, el fiscal dijo que había un grupo de funcionarios que “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como gestores a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado”.
El caso, cabe recordar, tiene correlato en diferentes expedientes. En uno de ellos el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.
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