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La jura prevista para el próximo martes de once de los veinte consejeros que integran el Consejo de la Magistratura genera expectativa sobre la actitud que asumirá el alto tribunal con respecto al senador Martín Doñate, ratificado por el Senado en un claro desafío a la decisión judicial de que ese lugar lo ocupe el legislador de la oposición Luis Juez.
El actor central será la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá dirimir una disputa entre el kirchernismo o la oposición. El tablero de esa pelea es el Consejo de la Magistratura de la Nación que inaugura una nueva etapa en la que todos coinciden que será incierta y convulsionada.
Según revelaron desde La Nación, anticipan un escenario de mucha conflictividad, fricciones y ataques del kirchnerismo, en el máximo tribunal prefieren definirse como “árbitros y no como contendientes” frente al Gobierno, una tarea que, saben, les demandará “convicción, firmeza y paciencia”.
Será el martes a las 10 horas en una ceremonia que encabezarán los magistrados de la Corte Suprema. El número 12 es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo. Los ocho restantes son los representantes del Congreso: cuatro diputados y cuatro senadores.
Los nombres de los legisladores llegaron a la Corte Suprema recién el viernes. El máximo tribunal tiene que analizarlos y disponer su jura que no será el martes junto a la del resto de los consejeros. El análisis de los postulantes siempre fue un trámite sencillo, burocrático pero ahora tendrá una atención especial.
Entre los ocho legisladores la clave está en el senador kirchnerista Martín Doñate. Se trata de quien el Senado envió al Consejo en representación de la segunda minoría parlamentaria, el mismo lugar que el PRO reclama para sí.
Lo novedoso, según interpretaron en el cuarto piso del Palacio de Justicia, es que esta vez la sentencia que desconoció la inclusión de Doñate como representante de la “segunda minoría” del Senado, fue desconocida por el kirchnerismo. Cristina Kirchner hizo firmar un decreto proponiendo al legislador de Río Negro para un nuevo mandato, sobre la base de la misma maniobra que anuló la Corte: mantener la división del bloque el Frente de Todos para representar, a la vez, a la bancada mayoritaria (con dos consejeros) y a la segunda minoría (con Doñate) del Senado.
El antecedente más reciente del desafío a una sentencia de la Corte se dio cuando el máximo tribunal ordenó reponer en su cargo al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que había sido destituido indebidamente por Néstor Kirchner. En 1995, el kirchnerismo disolvió la procuraduría y creo la jefatura de fiscales y de defensores de Santa Cruz. Sosa no fue nombrado en ninguno de los dos cargos. En la provincia nunca cumplieron el fallo de la Corte Suprema con la excusa de que el cargo de procurador ya no existía como tal.
Una primera señal se conocerá la semana próxima cuando la Corte muestre qué hará con el paso final para integrar a los representantes de la política, en el año más convulso y complejo que tuvo que atravesar el organismo constitucional desde su creación en 1994.
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