Acuerdo con el FMI ¿sin aumento de impuestos y reducción del gasto estatal?

La política y la economía continúan al ritmo de las negociaciones con el FMI, en un marco precario y con enormes interrogantes. Esta semana, el gobierno argentino pagará un vencimiento de U$S 1.800 millones al organismo internacional, quedando el Banco Central en una situación de extrema debilidad, con divisas de libre disponibilidad en el límite, en rojo o levemente positivas. Esas reservas, en definitiva, estarían por debajo de las necesidades de importación del país para un mes, como han destacado varios economistas que vienen del peronismo. En esta etapa de derrumbe de los relatos, el Banco Central también anunció el jueves pasado que los bancos podrán a volver a girar dividendos a sus casas matrices. Será en un porcentaje del 20 por ciento y 12 cuotas, aunque lo significativo es el mensaje que surge de la medida: luego de tres años de prohibición como parte del cepo, y con reservas muy escasas, le permitirá a los bancos extranjeros cobrar algo de las ganancias; es también un giño a Wall Street y los bancos locales que cotizan en ese mercado.

La caída del proyecto de Presupuesto en Diputados abrió un abanico de posibilidades inesperadas, adicionales a la derrota política que sufrió el oficialismo. La reunión del presidente Alberto Fernández con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro Martín Guzmán, luego que de la sesión legislativa en donde se rechazó el presupuesto, puso de relieve el golpe que recibió el gobierno y las expectativas de cerrar un acuerdo en pocas semanas. Hoy, el consenso en los mercados, las finanzas o en la misma política, es que las negociaciones llevarían todo enero y quizás febrero. En el FMI, luego de la última reunión del board prevista para esta semana, todo el staff entrará en receso hasta mediados de enero. Así funcionan las cosas en Washington DC. La titular del FMI, pese a todo, reiteró que el organismo mantenía en firme las negociaciones en curso.

El aspecto que más ha sido señalado desde la política este fin de semana, se ha referido al traspié oficial de lograr consenso desde la oposición al programa que eventualmente alumbre de las negociaciones con el FMI. Es un problema, efectivamente, aunque los consensos en el oficialismo igualmente están en duda. Más significativos parecen en estas horas, las consecuencias impositivas que tiene el rechazo del Presupuesto. Con esa ley, el Presidente habría logrado renovar los poderes especiales para decidir sin acudir al poder legislativo, sobre temas tributarios, aumentando alícuotas, retenciones y otros aspectos que, en definitiva, podrían subir aún más la presión impositiva sobre el sector privado. Esta semana, la Cámara baja tratará un proyecto para actualizar los mínimos a partir del cual se tributaría Bienes Personales en este ejercicio: de aprobarse, una cantidad importante de ciudadanos alcanzados por este impuesto dejarían de pagarlo y, los que tributan, pagarían menos.

También forma parte de este intríngulis legal, si la AFIP debiera devolver parte de los impuestos cobrados a los contribuyentes debido a que las facultades especiales que tenía el Poder Ejecutivo con la ley de Presupuesto se cayeron. El abanico de posibilidades que se menciona más arriba tiene que ver con esta novedad precisamente: el gobierno no podrá aumentar o gravar con nuevos impuestos, sin que estos sean previamente tratados en el Congreso. La oposición ha manifestado que no avalará ningún tributo más sobre el sector privado, situación que si efectivamente la cumpliera, impediría al Presidente acordar con el FMI un memorándum de entendimiento, que contemple mayor presión tributaria. Se trataría de una novedad que, sin dudas, sería bien recibida en el sector privado y que ayudaría a una recuperación económica sólida. Como contraparte de lo anterior, el gobierno debiera comprometerse a realizar un ajuste real de los gastos del Estado. ¿Habrá un ajuste sobre el gasto en lugar de mayor presión tributaria? ¿La oposición no aprobaría ningún aumento de impuestos, como ha prometido?

La situación económica y social no admite demasiado margen para subir impuestos. Igual, la sociedad aún no es consciente de que significa un “ajuste fiscal”, y los sectores políticos “olvidan o ignoran”, como dice Gabriel Rubistein, que “en las presentes circunstancias, los llamados ajustes fiscales no tienen que ser contractivos (incluso pueden ser expansivos)”. El economista hace especial énfasis en que el equilibrio fiscal genera condiciones para que la inflación baje drásticamente y estima que ese es hoy el mayor impuesto que grava a la sociedad. Este “impuesto inflacionario rondaría el 3,5 por ciento del PBI” dice Rubistein, por lo cual los ajustes para llegar a una situación fiscal de equilibrio, no significa frenar una recuperación en marcha o el crecimiento, si se acertara con las políticas adecuadas.

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Aún resta bastante camino para recorrer en las negociaciones con el FMI y la redacción de la letra chica del memorándum de entendimiento. Quizás, con el nuevo escenario político, el presidente Alberto Fernández tenga que imaginar un programa económico en donde efectivamente se reduzca el gasto estatal y no se creen nuevos impuestos, o se aumenten los ya existentes. De ocurrir esto, sería una absoluta novedad para la Argentina. El impuesto inflacionario, que castiga con mayor crueldad a los sectores de menos ingresos, también podría bajar rápidamente a niveles internacionales. El tiempo dirá que ocurre y que decisión asume el gobierno y la oposición.