Los interrogantes que crecen para la pospandemia

¿Puede rebotar la economía en lo que resta del año? ¿De que magnitud sería esa recuperación? Rebote no es igual a crecimiento y de allí surgen infinidad de interrogantes. Tras una flexibilización de la cuarentena, la economía tendrá más actividad, pero esa mejora será lenta y no muy vigorosa. Sería como un vuelo de perdiz: corto y bajo. El listado de dificultades estructurales y de coyuntura es extenso. Pero sobre todo la credibilidad y la ausencia de rumbo dificultan una recuperación. La última semana el Gobierno alumbró una reforma judicial y abrió el debate sobre el número de jueces de la Corte Suprema, introduciendo una agenda lejana de las urgencias actuales, fácil de calificar a destiempo.

La viabilidad de una reforma no depende solo de los consensos (ausentes en este caso) sino de los recursos. El proyecto a priori resulta faraónico, con otro gasto que excede cualquier proyección fiscal que permita financiarla, más aún con una emisión monetaria actual, que contemplando el pago de intereses de Lequic, supera los 1,2 billones de pesos en los últimos siete meses. El anuncio del presidente Alberto Fernández con otro DNU, anulando la intervención y expropiación de Vicentin, es del mismo tenor. Muestra una gestión oficial que se desgasta en iniciativas poco transparentes, que compromete cuantiosos recursos fiscales (con la idea original, se habría estatizado una deuda privada superior a los 1.300 millones de dólares) y genera enormes grietas sobre la gestión económica.

La negociación con los acreedores persiste en esa ausencia de rumbo. El segundo cierre oficial de la oferta termina con otro fracaso tras siete meses de gestión, cediendo 14/15 puntos de quita en la negociación y reuniendo entre el 35/40 por ciento de aceptación, la mitad de los porcentajes necesarios. El Presidente asegura que no quiere un default de la deuda, coincidiendo con la mayoría de los interlocutores económicos. En tiempos de pandemia y crédito mundial a tasa casi cero, caer en cesación de pagos sería doblemente gravoso, cerrando la puerta a una recuperación económica. ¿Por qué razón persiste esa indefinición? El ministro Martín Guzmán sugiera ahora que se dejará en stand by las conversaciones con los acreedores y se abrirá la mesa con el Fondo Monetario Internacional.

¿Creerá el ministro académico que puede saltar los casilleros como el juego de la oca? ¿Qué el FMI no exigirá nada a cambio de la idea argentina de patear hacia delante los vencimientos? Tendrá que discutir un programa económico, a pesar de la frase del Presidente, en donde con buena voluntad el organismo exigirá disciplina fiscal y austeridad monetaria. ¿Y entre tanto, que sucederá con los acreedores? Podrían recurrir a los tribunales de Nueva York a exigir el total de las acreencias en un default ya oficial y judicializado del país. Es en este contexto idas y vueltas que la palabra oficial ha perdido credibilidad y consolidado una percepción de escasa gestión y rumbo.

En cuanto a la lentitud de la recuperación, los datos de mercado reflejan esa situación: de acuerdo al estudio de Ferreres, en junio el índice de actividad económica cayó 10 por ciento respecto 2019, cerrando con una contracción en el segundo trimestre del año del 15,4 por ciento. En términos desnacionalizados, comparando mes contra mes, junio resultó 1,9 por ciento superior a mayo, con lo cual la actividad sigue por debajo de la de marzo último. En agosto debiera continuar lo ocurrido en junio, aunque el ritmo de esa mejora estará sujeto a lo que ocurra con la cuarentena y la inflación y el dólar. Esos números no alcanzan para pronosticar una recuperación vigorosa, salvo un giro copernicano de la gestión económica.

En todas las reactivaciones pasadas de la Argentina, hubo un efecto combinado de caída de la inflación y estabilización del dólar. ¿Cuáles son entonces las incógnitas sobre la inflación que podría venir en los próximos meses y que pasará con la cotización del dólar? La baja de precios permitió la recuperación del consumo y del salario real. Y la estabilidad del dólar actuó como ancla de las expectativas. Hoy, no parece lo descrito en el párrafo anterior un escenario por venir hasta fines de año.

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En 9 meses de gestión de Miguel Pesce, los pasivos remunerados del Banco Central aumentaron 5,8 por ciento del PIB y la cuenta de intereses en 2,1 por ciento del PIB. En Hacienda, el desequilibrio fiscal estaría entre 7,6/8,1 por ciento del PIB este año, con gastos extras del Tesoro del orden del 4 por ciento del PIB. La inflación mensual estaría a fines de julio en 3 por ciento según las últimas estimaciones, con un fuerte arrastre estadístico para agosto. Respecto del dólar, la falta de acuerdo con los acreedores abrirá otro impulso alcista en el mercado libre. Y en el dólar oficial, según parece, la intención es no atrasar el oficial con micro devaluaciones mensuales cercanas del 3%.