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Consideran como “inaceptable” una cláusula que incluyó el Gobierno. Y creen que la oferta podría ser mejorada y cerrar en U$S55 cada 100. El diálogo está muy dañado, pero no cortado
Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
A sólo seis días de que cierre el plazo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio a los acreedores privados para que confirmen su adhesión a la oferta oficial de canje de la deuda, la operación parece encaminarse a una nueva postergación, que el mercado ya está dando por descontada. Fuentes vinculadas a grupos de bonistas le explicaron a EL DÍA que no habrá acuerdo si el Gobierno se queda firme en la oferta de U$S53,5 por cada 100 dólares y mantiene la cláusula denominada “redesignación” o “cláusula Pacman”.
Por todo esto es que el Gobierno se vería obligado a postergar una vez más el canje, para mediados o fines de este mes, según trascendió. Lo cierto es que, según afirman los bonistas, el Gobierno ofrece U$S53,5 y los acreedores U$S56,6. “Si cerráramos en la mitad, U$S55, serían U$S2.000 millones en capital e intereses prorrateados hasta 2028, que no comprometen la sustentabilidad de la deuda, apenas medio punto del PBI, y significan mucho menos que el alto costo de un default total”, explicaba el vocero de tres fondos de inversión a este diario.
Desde los fondos de inversión acreedores entienden que de la deuda bajo ley extranjera por casi U$S66.000 millones que el Gobierno de Alberto Fernández intenta renegociar, Argentina debería aproveche el “oxígeno” que le dejaría el nuevo perfil de vencimientos para los próximos cinco años para hacer una mejora en la macroeconomía que le permita encauzarse en un sendero de crecimiento.
Los cierto es que el diálogo está casi cortado en estos días y sería inminente un anuncio oficial para la nueva postergación. Los bonistas que representan el 60 por ciento de los bonos de cambio y el 51 por ciento de los bonos globales incluyen a los fondos, entre los que se encuentran Monarch, Alliance Bernstein, Ashmore, BlackRock, y Fidelity, entre unos 50 que consideran “inaceptable” la cláusula de redesignación o “Pacman”.
La redesignación es una cláusula que puso el Gobierno en la oferta que le permite modificar el universo de los papeles a canjear ya cerrado el plazo para ingresar a la operación. Esta reducción unilateral permitiría alcanzar las mayorías exigidas por las cláusulas de cada bono para convertir el canje en forzoso y desactivar eventuales demandas por default ante la Justicia de Nueva York, algo equivalente a “cambiar los votos después de una elección”, según entienden en el circuito financiero. La otra novedad que incluyó el ministro Guzmán es la posibilidad de ofrecer mejoras marginales a grupos grandes que ya hayan aceptado el acuerdo y que esto arrastre a otros acreedores minoritarios, que perderían su derecho a litigar para reclamar las condiciones originales de pago. Este mecanismo, llamado “Pacman”, permite ir comiéndose de a poco a los que no quieren participar.
Mientras el enfrentamiento prosigue, esta semana vence el plazo de gracia por los intereses de dos bonos (el Centenario y el Discount) que deberían haber sido abonados a fines de junio, por un total de U$S328 millones. Ese monto se suma a los U$S 503 millones de intereses de los bonos Global, defaulteados el 22 de abril. En julio hubo otros vencimientos impagos por otras siete series de bonos Global, que según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso representan U$S622 millones y que a medida que se cumplan 30 días de retraso también entrarán en default. De no culminar la renegociación de la deuda de manera exitosa, esos eventos podrían disparar nuevas demandas judiciales en los tribunales de Nueva York.
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