La Provincia pagará $ 50 mil por mes a familias vulnerables para que no usurpen

El gobierno bonaerense oficializó ayer la creación de un programa por el cual se otorgarán subsidios de hasta 50 mil pesos a “personas en extrema vulnerabilidad social” para atender su situación habitacional y que tiene como objetivo final desalentar la toma de tierras como las que se multiplicaron en los últimos meses en el Conurbano y La Plata.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se conoce en medio de las negociaciones que la mesa interministerial que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo) mantienen con los movimientos sociales y partidos de izquierda para que abandonen los terrenos usurpados desde junio pasado en la localidad de Guernica.

Si bien varias familias accedieron a retirarse del predio, otras permanecen en el lugar al rechazar las propuestas de reubicación. En ese marco, trascendió, el desalojo es inminente.

“Crear, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Programa de Asistencia Crítica y Habitacional, que tendrá por objeto atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto desde el punto de vista alimentario, como habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad de grupos en situación de riesgo social”, dice el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof.

La ayuda tendrá un tope de $ 50.000 y será destinada a personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad social. Dichos subsidios podrán ser otorgados por un periodo máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más.

La valoración del monto a otorgar estará a cargo de la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección Provincial de Atención Inmediata, que fijará la escala de montos a otorgar de acuerdo con la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca, en base a lo que surja del informe social correspondiente.

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El subsidio que se otorgue deberá ser destinado indistintamente a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente. También a la compra de alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros de primera necesidad.

PENAS MÁS DURAS

Por otra parte, un proyecto de ley que prevé endurecer las penas para quienes usurpen y organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas fue presentado en el Senado por el bloque de Juntos Somos Río Negro.

La iniciativa impulsada por el senador nacional y ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek buscar modificar el Código Penal para evitar las tomas en todo el país.

Weretilneck declaró que “el delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo” pero consideró que esta necesidad no puede cubrirse “de manera ilegal”.

El proyecto pretende además, diferenciar las usurpaciones del artículo 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo reducido, de aquellas que se producen masivamente, ya que esto implica, dijo, “no solo una menor posibilidad de resistencia para la víctima, sino una mayor dificultad para la Justicia a la hora de investigar”.

El senador propone que en el caso de que los delitos se produzcan por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión, para todos los que hayan participado del hecho, y los organizadores serán reprimidos con penas de 3 a 6 años de prisión”.

También propone un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión, para “grupos de usurpadores que invoquen injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas”.