Argentina no firmó un duro documento del Grupo de Lima contra el gobierno de Maduro

El Gobierno argentino aclaró ayer que no suscribió el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede “admitirse una vía de acción” sobre ese país que pueda “generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”.

“El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Horas antes, el canciller Felipe Solá aseguró que Argentina “seguirá defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo” en un claro mensaje del Gobierno a sectores ultra K tras las críticas que recibió Alberto Fernández por votar en la ONU contra Venezuela.

Pero duró poco esa postura al parecer tras conocerse que el país no compartió este nuevo crítico documento contra el régimen de Maduro.

Al hablar en videoconferencia en un seminario organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) por su 42° aniversario, el jefe de la diplomacia se refirió a Venezuela y reiteró, no obstante, la postura argentina de “no injerencia en los asuntos internos de otros países”.

Para la Cancillería, “la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, en referencia a Juan Guaidó.

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“La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global”, sostuvo la cartera que encabeza Solá.

“Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”, añadió.

De todos modos, el Gobierno argentino sostuvo que “comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos”, Michelle Bachelet.

Asimismo, reiteró que el “rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 (…) debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes”.

RECLAMOS DEL GRUPO LIMA

Los países del Grupo de Lima (Brasil, Colombia, Chile y Bolivia, entre otros) pidieron que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela registradas en un informe de la ONU sirvan de prueba para la CPI en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones.

También reclamaron una investigación “a fondo” y urgente sobre las supuestas “conexiones” del Ejecutivo con el “crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando”, y renovaron su respaldo a Guaidó.