Apuran en el Senado el pliego del candidato de Vidal para la Suprema Corte

El juez federal Sergio Torres va camino a convertirse en el séptimo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. El próximo 11 de abril, según la estrategia planteada por Cambiemos, el pliego del postulante enviado por María Eugenia Vidal al Senado para ocupar el sillón vacante desde 2016 por el alejamiento de Juan Carlos Hitters. En el medio, el expediente deberá avanzar en medio de un panorama complejo, no sólo por los apoyos políticos que debe conseguir el oficialismo sino también por objeciones y dudas sobre si Torres cumple con todos los requisitos planteados por la Constitución bonaerense para ser ministro del Tribunal.

Torres fue elegido por la gobernadora Vidal para cubrir la vacante en la Corte, un trámite que postergó sus primeros años de gobierno y que busca cumplir antes de cara a su último año de mandato. Entre otros motivos, la elección apunta a ubicar en la Corte a un especialista en materia penal, un área a la que no se dedica ninguno de los otros miembros, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri.

Está a cargo desde noviembre el año 2001 del juzgado federal número 12, donde, entre otros, estuvo radicado el expediente en el que se investigó la represión dentro de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Pero su momento de mayor protagonismo fue cuando llevó adelante la causa por el triple crimen de General Rodríguez que destapó la trama de tráfico de efedrina en el país.

El Ejecutivo bonaerense anunció oficialmente la decisión hace algunas semanas atrás, lo que comenzó a generar los primeros movimientos en torno a la candidatura de Torres. La que más ruido hizo fue la impugnación que presentó la ONG Usina de Justicia, que agrupa a familiares de víctimas de delitos, conocida por su postura punitivista. En la presentación firmada por la filósofa Diana Cohen Agrest, vinculan a Torres con “la doctrina abolicionista implantada por su mentor, Eugenio Zaffaroni”.

La impugnación generó un fuerte sacudón, ya que en las filas de Usina de Justicia militaba la diputada del PRO Carolina Píparo, que finalmente terminó renunciando a la ONG.

Desde entonces, Torres ha comenzado a defender su postulación en reuniones más o menos formales con los distintos actores. Estuvo, por ejemplo, con colegios de magistrados de la Provincia. En las próximas semanas, en tanto, irá al Senado, todavía no se sabe en qué ámbito desembarcará, si en la Comisión de Asuntos Constitucionales o en un encuentro de otro formato.

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En paralelo, el oficialismo comenzó a delinear la estrategia y el cronograma para votar su designación. Pero la tarea de los legisladores de Cambiemos viene chocando con una dificultad. Pese al anuncio, el Ejecutivo todavía no envió el pliego a la Cámara alta. “Tenía que hacerlo la semana pasada, pero no hubo novedades”, reconocen fuera de micrófono, en el oficialismo.

Sin el expediente, a Cambiemos se le dificulta la negociación política con los bloques de la oposición. Y sea cual sea la estrategia legislativa que elija, el oficialismo necesita sí o sí del acompañamiento de parte de la oposición para poder dar acuerdo al pliego de Torres.

Hasta ahora, según pudo saber EL DÍA, gana consenso la idea de realizar una sesión en los próximos días sólo para que el expediente tenga ingreso formal, enviarlo a comisiones y darle despacho para llevarlo al recinto en la sesión prevista para el próximo 11 de abril. Con dictamen de comisión, el expediente sólo requerirá para aprobarse mayoría absoluta, es decir, 24 votos, que Cambiemos tiene de sobra.

El oficialismo necesita el apoyo de parte de la oposición para dar acuerdo al pliego

Pero la movida cuenta con una dificultad adicional que ya genera dolores de cabeza en el oficialismo. Si la idea es que pliego sea votado en comisiones para poder ingresarlo en el orden del día de la próxima sesión, necesita que sea votado por unanimidad en Asuntos Constitucionales y Acuerdos, una comisión donde hay fuerte presencia de todos los sectores de la oposición. Con que sólo uno de sus integrantes se niegue a dar su voto, la estrategia del oficialismo quedaría frustrada.

RESIDENCIA EN DUDA

El trámite podría encontrar una dificultad adicional. En los últimos días, comenzaron a surgir voces que advierten que el candidato propuesto por Vidal para la Corte no cumple con el requisito de residencia que impone la Constitución bonaerense para los aspirantes a integrar la Corte o la Procuración.

La cuestión fue planteada, por ejemplo, por el presidente del Colegio de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, luego de mantener un encuentro con Torres. “Estuvimos con él, en una reunión muy formal, con todos los presidentes, en el Colegio de Magistrados de la Provincia. Se presentó, le hicieron una serie de preguntas, las respondió todas con solvencia”, contó y admitió que “se planteó de alguna forma un interrogante que es sobre los requisitos constitucionales, en particular el que expresa el artículo 181, y no quedó claro si el doctor Torres cumple con ese requisito”.

El dato sólo será confirmado cuando el Ejecutivo envíe el pliego al Senado. Por lo pronto, todo es especulación, basadas en la información de los padrones electorales. Hasta la última elección, de 2017, Torres no figuraba con residencia en la provincia de Buenos Aires.

No sería, en todo caso, un dilema nuevo. Una situación similar atravesó Cambiemos con la designación, en su momento, del Procurador Julio Conte Grand. Para salvar esa situación, que fue eje de impugnaciones y reproches de organismos, el oficialismo hizo una interpretación particular de la Carta Magna. Es que si bien el artículo 181 establece que “para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia”, otro artículo, el 177 marca que para acceder a los cargos de Juez de la Suprema Corte y Procurador es suficiente con “haber nacido en territorio argentino”.