Abusos en el Próvolo: más de 40 años de cárcel para los curas

En un juicio que marca precedente en el mundo, la Justicia mendocina condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez, a 18 años de cárcel, por haber abusado sexualmente de diez menores con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

“Nos vamos con conformidad por el trabajo realizado, pero no es alegría porque en una sentencia se fijan los hechos, y esto es horrible. Es muy feo que esto haya pasado en Mendoza”, expresó el jefe de fiscales contra Delitos de la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, a poco de conocerse la sentencia que llegó luego de tres años de investigación y casi otros tres de juicio oral.

El histórico veredicto fue dictado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, y marcó el final de una jornada emblemática para las diez víctimas, jóvenes sordomudos que celebraron con lágrimas y abrazos.

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, había imputado a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho eran por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gómez, por seis hechos de abuso sexual cada uno. Todos estaban además acusados de corrupción de menores por obligar a las víctimas a ver videos y revistas pornográficas.

A lo largo del extenso debate ninguno de los curas declaró ni una sola palabra. Sólo Gómez pidió hablar en una ocasión para declararse inocente y sin pruebas que acreditarán los abusos cometidos por él.

“Aún se aguardan respuestas por parte de la Iglesia que optó por la negativa de informar la investigación interna que llevó adelante amparada en un concordado de 1968, que le permite negar el acceso a la información a las víctimas, a pesar de haber sido declarado inconstitucional”, resaltó el abogado querellante Sergio Salinas.

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Si bien desde la Fiscalía se le había requerido al comisario Monseñor Alberto Bochatey, el enviado del Vaticano para investigar el accionar de los dos sacerdotes involucrados en los abusos sexuales del Próvolo, que compartiera con la Justicia los resultados de esa investigación, el requerimiento nunca obtuvo respuesta.

La única pronunciación que realizó la Iglesia tras conocerse la condena a dos de sus miembros provino del arzobispado de Mendoza. Este difundió un breve comunicado en el que se solidariza con las víctimas del Instituto Antonio Próvolo.

“Como Iglesia queremos trasmitir una vez más nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Todos nos hemos sentido desconcertados y dolidos”, señala el comunicado del Arzobispado mendocino.

“El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor -dice más adelante el texto-. Por eso urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.

Víctimas, familiares y allegados se habían concentrado desde el domingo a la noche en la explanada del Palacio de Justicia Mendocino, donde montaron una radio abierta, para esperar en vigilia la sentencia exhibiendo carteles y banderas. “Apoyo a las víctimas del Próvolo, con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio”; “Encubrir también es delito”; “Iglesia sin abuso”, “Cero tolerancia”, “Apoyo a los sobrevivientes” y “La verdad no se puede esconder”, eran algunas de las consignas que se podían leer.

“Fue una larga lucha y lo va a seguir siendo”, reconoció Paola González, mamá de una víctima del Próvolo, quien valoró la recuperación de los derechos de la comunidad sorda y la labor de los intérpretes de señas en todo el proceso judicial.

“Estamos felices, en paz. Gracias a todos, gracias a toda la Argentina. Sólo queremos ahora vivir en paz”, dijo en lenguaje de señas una de las víctimas, fundida en un abrazo con el resto de los denunciantes, a la salida del tribunal.

La sentencia cerró la primera de tres causas por los abusos a menores cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza. Las dos restantes tienen por imputados a la monja Kosaka Kumiko, acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores; y a la ex directora de la institución, Graciela Pascual, y la monja Asunción Martínez, acusadas por omisión.