Inadmisible retorno de la venta ambulante al microcentro

Seguramente inducida por el contundente reclamo que vienen formulando las entidades que nuclean a los comerciantes platenses por la inacción municipal ante el retorno de la venta ambulante, la Comuna reactivó los operativos contra la comercialización callejera en acciones desplegadas en la zona céntrica, tal como se detalló en la edición de ayer.

Al igual que siempre, la medida ejecutada por inspectores del área de Convivencia y Control Ciudadano se tradujo en el levantamiento de puestos de venta ilegal en la avenida 7, incautándose mercadería diversa que osciló entre accesorios para telefonía celular, frutas, verduras y diversos objetos que fueron llevados a la Comisaría Primera para que fueran sometidos a inventario.

En el transcurso de los operativos, que luego se extendieron a calle 8, a calle 12 y a parte de la diagonal 80, fueron demoradas dos personas, según se informó oficialmente, anticipándose desde la Comuna que los procedimientos continuarán en estas jornadas. Desde la Asociación de Comerciantes de Calle 8, 9 y Adyacencias se anticipó que funcionarios comunales les prometieron más controles y más presencia de agentes, previéndose que, cuando asuma el nuevo ministro de Seguridad de la Provincia, se buscará coordinar acciones para continuar con las fiscalizaciones del caso.

Un aspecto novedoso fue el planteado por autoridades de la Cámara de Comercio platense, cuyas autoridades propusieron otra forma de actuación para evitar los enfrentamientos habituales entre inspectores y vendedores ambulantes en la vía pública. Los controles, dijeron, deberían arrancar a primera hora del día, antes de que los manteros lleguen, no permitiéndose su instalación. Esa tarea preventiva evitaría los choques que nadie desea, consideraron.

Asimismo, se enfatizó que históricamente esa entidad defendió la presencia del comercio legalmente establecido y se mostró contraria a la venta ilegal. Dijeron ser conscientes de que el problema social de los manteros involucra la suerte de muchas familias, pero que es más preocupante, por sus consecuencias económicas y sociales, el perjuicio que sufre el comercio formal.

Ciertamente, la Ciudad se encuentra otra vez embretada por el problema de la venta informal, que no ha dejado de crecer, en especial desde agosto y septiembre pasados. Desde esos días, la venta callejera recrudeció, recuperó y ganó más terreno del que había cedido frente a los controles que se habían desplegado en meses anteriores. Resulta inadmisible el estado de indefensión en que se encuentra el comerciante regularmente instalado.

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Está suficientemente claro que la Ciudad debe replantearse si pretende o no terminar con una actividad ilegal, vertebrada sobre la base del trabajo en negro, la existencia de mafias, la procedencia dudosa de las mercaderías, la evasión de tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales, entre otras gravísimas cuestiones involucradas- que se traducen, esencialmente, en la competencia desleal que entabla con el comercio regularmente instalado.

Ya se ha señalado también, en reiteradas oportunidades, sobre lo dañoso que resulta para la actividad económica general -y, a la corta o a la larga, para los propios vendedores y la sociedad toda- la venta ambulante. No se trata de promover ninguna acción contra personas que, al no contar con otras alternativas, invocan su derecho a trabajar. Se trata éste de un problema social, grave y perentorio por cierto, que el Estado debe preocuparse en resolver, pero nunca al costo de permitir el anárquico desborde que implica la proliferación de la venta ambulante.

Lo que correspondería ahora es que la Municipalidad, con el respaldo de los cuadros normativos que la avalan, haga valer en pleno su poder de policía, para impedir que florezcan estas muestras de competencia desleal y de total desaprensión en materia higiénica, impositiva y legal, de la que hacen gala organizaciones mafiosas, que son las que promueven esta actividad informal.