La renuncia de un veedor de AFA hace ruido ante supuesto desinterés oficial por las cuentas de Tapia y Toviggino

La salida de Agustín Ortiz de Marco de la veeduría oficial sobre la AFA dejó sin efecto al menos por el momento el control que el Gobierno pretendía ejercer sobre las cuentas de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivos presidente y tesorero del máximo organismo del fútbol argentino sospechados de severas irregularidades en sus gestiones.

El abogado que había sido designado por la gestión anterior de Justicia todavía bajo el comando de Mariano Cúneo Libarona decidió no asumir el cargo tras un mes de inactividad y falta de comunicación por parte de las nuevas autoridades nacionales.

La decisión de Ortiz de Marco coincide con el arribo de Juan Bautista Mahiques a la cartera de Justicia. Mahiques es señalado por mantener vínculos con la AFA en calidad de vicerrector de su universidad y representante en Conmebol. Según matutinos porteños a partir de fuentes del sector, la orden interna es restarle importancia a la revisión de los balances, lo que vació de poder real a la figura de los veedores.

Además del factor político, otro punto suspicaz en torno a la cuestión AFA es que la fiscalización carecía de presupuesto. Según trascendió, el Estado no otorgó fondos para conformar un equipo técnico, lo que obligó al veedor a costear la estructura con su propio dinero. Ante la falta de recursos y el desinterés oficial por avanzar sobre los números de la asociación, el profesional se inclinó por desistir de esa tarea.

La inspección buscaba auditar transferencias de futbolistas y proyectos institucionales frenados, basándose en irregularidades detectadas por la Inspección General de Justicia. Sin embargo, el proceso quedó estancado mientras la AFA intenta mudar su sede social a la provincia de Buenos Aires para evitar la jurisdicción de los controles nacionales.

Actualmente, el esquema de supervisión quedó reducido al contador Rubén Papacena, el otro integrante de la dupla original. El Gobierno debe definir si nombra un reemplazo para Ortiz de Marco o si mantiene la veeduría en suspenso mientras se resuelve la disputa judicial por la potestad de control sobre la entidad.

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