Instan al IOMA para que ponga límite a los trámites médicos de excepción

Hace dos años Belén Zapata (29) empezó de pronto a tener náuseas y sufrir episodios de pérdida de memoria. Por momentos no reconocía ni a su hija ni a sus papás. Los médicos que la atendieron creyeron al principio que tenía un problema psiquiátrico; pero más tarde comprobaron que se trataba de un tumor cerebral. Si no la operaban de urgencia podía perder el habla, le explicó Belén al empleado del IOMA, su obra social, que aun así la obligó a iniciar un trámite de excepción porque la práctica solicitada no estaba en el nomenclador. Tuvo que soportar más de tres meses de una angustia indecible hasta que finalmente le autorizaron la operación.

Aunque el caso de Belén es un buen ejemplo de los trastornos que implican para los afiliados del IOMA los trámites de excepción, estos no son por lejos el único problema de manejarse con un nomenclador médico con sesenta años de antigüedad. Como señalan desde diversas sociedades médicas, el hecho de que el nomenclador no incluya mucha de prácticas que hoy son casi rutinarias también genera pérdidas de tiempo, comorbilidades evitables, mayores costos médicos a largo plazo, judicializaciones innecesarias y un fuerte desincentivo profesional.

Así se lo hicieron saber esta última semana las autoridades de la Agremiación Médica Platense al IOMA a través de una carta en que instan a la obra social de la Provincia a actualizar de manera inmediata su nomenclador de prácticas médicas. En ella señalan que “es imperiosa la necesidad de contar con esta herramienta para permitir que la facturación de las prácticas se corresponda con el acto realizado, dejando de lado las asignaciones por similitud, que al falsear la realidad exponen a nuestros colegas de todas las especialidades a un permanente riesgo legal”.

“Grande es el esfuerzo de nuestros colegas por capacitarse y actualizarse, y grandes han sido en los últimos años los avances en la medicina y las ciencias de la salud como para continuar trabajando con un nomenclador que en su momento no pudo ni siquiera imaginar lo que sería la medicina sesenta años después. Frente a esta realidad todas las partes quedamos expuestas permanentemente a una serie de dificultades que tornan al sistema, ineficiente, inequitativo y por demás burocrático”, dice la carta que exige al IOMA cumplir con el compromiso asumido hace un año atrás.

UN COMPROMISO DE HACE UN AÑO

“Hace un año que el entonces presidente del IOMA, Carlos D´Abate, prometió la implementación de un nuevo nomenclador admitiendo en una jornada que hicimos en la Legislatura, la necesidad imperiosa de nomenclar prácticas que resulta increíble que no estén nomencladas como una resonancia magnética, tomografías, cirugías laparoscópicas y otros procedimientos habituales que no sólo disminuyen la morbilidad de los pacientes sino también los costos de internación para la obra social”, explica Jorge Varallo, el vicepresidente de la Agremiación Médica Platense.

Los trámites de excepción han terminado convirtiéndose en trámites habituales

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“Hace dos meses empezamos a acelerar un poquito y hace unos días cuando IOMA admitió la implementación de los nuevos valores de consulta que la AMP había propuesto también tomó el compromiso de implementar para el mes de octubre el nuevo nomenclador. Lo más importante es que no podemos apartarnos de ese tiempo porque las necesidades son imperiosas y esto no da para más”, sostiene Varallo al contar que las sociedades científicas ya han presentado una propuesta de nomenclador actualizado por lo que sólo restaría acordar su forma de instrumentación con la obra social.

“El nuevo nomenclador está abierto a la discusión en diversos ítems y nuestra aspiración es que sea reevaluable anualmente a propuesta de las sociedades científicas porque puede ser que algunos procedimientos modifiquen su dificultad o la necesidad de formación del médico o bien que aparezcan procedimientos nuevos”, señala el vicepresidente de la AMP.

Si bien desde el IOMA reconocieron el viernes que “debido a los importantes avances tecnológicos que se produjeron en el campo de la medicina” está previsto “modernizar el nomenclador de prácticas médicas para que los afiliados tengan acceso a prestaciones de vanguardia”, no dieron precisiones acerca de cuánto tiempo demandará su implementación. “Una comisión multilateral se encuentra dedicada a analizar el contenido del nomenclador” y “esta actualización se encuentra en una etapa de análisis”, se limitaron a explicar voceros desde la obra social.

JUDICIALIZACION Y MAYORES COSTOS

“Los médicos estamos trabajando hoy con un nomenclador hecho en 1958; lo que equivale a decir que se creó en tiempos en que para estudiar un cerebro no había tomografía, para estudiar una columna no había resonancia y para estudiar un corazón no había ecocardiograma. La actualización es un imperativo para el financiador, el prestador y sobre todo para el paciente, que tiene que lidiar con trámites de excepción”, explican desde la AMP.

Cuando un afiliado del IOMA tiene que someterse a una estas práctica no reconocida por el nomenclador (y existen cientos que no lo están) debe iniciar un trámite de excepción o recurrir a la Justicia para acceder a ella, lo que implica no sólo demoras y dolores de cabeza para el paciente sino además un mayor costo para la obra social. Porque lo cierto es que en estos casos la Justicia siempre falla a favor del paciente estableciendo muchas veces soluciones que resultan más caras y que le agregan a las obras sociales el costo adicional de la judicialización.

Es así que los trámites de excepción han terminado convirtiéndose en trámites habituales que obligan a todo un sistema a funcionar al revés. Y esto lleva a una judicialización del proceso. Empiezan de esta forma los amparos judiciales y los jueces, en aras de hacer justicia por un caso individual, terminan ordenando tratamientos de máxima por problemas que podrían resolverse en forma más accesible, lo que generar una distorsión económica muy importante para un sistema solidario como es el de las obras sociales.

Pero además, frente a la necesidad de resolver intervenciones no nomencladas que deben practicarse con urgencia, muchos médicos han terminado en los últimos años haciéndolas pasar por otras prácticas similares que sí figuran en el nomenclador, lo que los expone no solo en su relación con el paciente sino a una seria demanda judicial por parte de la obra social.