Dos proyectos de reforma judicial de Vidal en medio de una pulseada en la Legislatura

Por JOSÉ MALDONADO
jmaldonado@eldia.com

Son los dos primeros proyectos de un paquete de normas que el Gobierno enviará a la Legislatura a lo largo de todo el año, con los que María Eugenia Vidal busca avanzar una reforma profunda de la Justicia y, también, dominar la agenda parlamentaria 2018 en la Provincia a partir de la supremacía numérica de los bloques de Cambiemos. Pero desde que desembarcaron en la Cámara de Diputados vienen generando controversia por sus posibles derivaciones y que además revela algunas tensiones entre sectores del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, luego de que el oficialismo fracasara en el intento de sancionarlos en la primera sesión del año, fueron girados a las comisiones, a donde se trasladó un debate que ya se anticipa caliente, con voces que denuncian un posible conflicto de poderes.

En medio de la pulseada quedaron el proyecto que apunta a reformar el sistema de enjuiciamiento a magistrados y funcionarios para hacer más cortos los procesos, con algunos cambios con el de la ultra actividad de los integrantes de los jurados y el que propone crear una “Comisión Permanente de Mapa Judicial” en el ámbito del Ministerio de Justicia por la que deberán pasar todas las iniciativas para crear o transformar juzgados y fiscalías en el territorio bonaerense.

Las dos normas se instalaron en el centro de la agenda de la primera sesión del año en la Legislatura. Con la nueva composición de las cámaras, Cambiemos buscó llevar adelante un trámite “exprés” por el cual los proyectos serían tratados sobre tablas en Diputados, aprobados allí y girados al Senado en el acto para que sean sancionados en esa misma jornada. Pero la jugada chocó contra la resistencia de buena parte de la oposición, por lo que en el oficialismo se decidió enviarlas a comisiones.

Ese movimiento le permitirá al oficialismo, además, hacer algunos retoques en la letra chica de uno de los proyectos, una movida que también despierta críticas. En concreto, las miradas apuntan al proyecto de reforma de la ley de jury, una norma que refleja la mirada de Vidal sobre un sector del Poder Judicial y la necesidad de, según entienden en el Gobierno, agilizar los mecanismos para remover jueces y fiscales.

Desde su desembarco de Vidal en la Gobernación, Cambiemos ha impulsado varias denuncias que luego se transformaron en juicios políticos y que terminaron con la salida de varios magistrados. Entre los casos más resonantes figura el ex juez de Garantías platense César Melazo y el ex fiscal general de San Isidro Julio Novo. Pero en el gobierno provincial entienden que los procesos son muy extensos y que podrían agilizarse.

LE PUEDE INTERESAR

En Cambiemos ya piensan en habilitar internas para potenciar algunos distritos

LE PUEDE INTERESAR

“No nos prohibieron llevar banderas argentinas”

El proyecto establece básicamente dos reformas. La primera es un acortamiento de los plazos procesales, ninguno de los cuales se extendería por más de 15 días. La segunda es una modificación que viene siendo propuesta desde hace varios años desde muchos de los actores involucrados. Se trata de la ultra actividad de los jueces que integran los tribunales de enjuiciamiento. En la actualidad, los proceso suelen demorarse por la rotación de los jurados. El principal caso en la mira es la de las presidencias de los tribunales, una función que desempeña el titular de la Suprema Corte de la Provincia. Como la presidencia de la Corte rota una vez por año, también cambia la presidencia de los distintos jurys en desarrollo, lo que demora el avance de los procesos.

Con la reforma, los jueces de la Corte presidirán los jurados de enjuiciamiento incluso si dejan de ocupar ese cargo.

El proyecto ahora fue enviado a comisiones, donde el oficialismo intentaría aplicar una cláusula que no estaba incluida en la redacción original: que las reformas se apliquen para los jurys que están en desarrollo al momento de sancionarse la ley. Según las versiones que circulan en los pasillos legislativos, la movida tendría en la mira el proceso abierto contra el juez platense Luis Arias, denunciado desde Cambiemos, desde donde aspiran que el proceso siga presidido por la actual titular de la Corte, Hilda Kogan.

CONFLICTO DE PODERES

Pero la polémica más fuerte está planteada en torno del proyecto de creación de una Comisión de Mapa Judicial, un organismo que funcionaría en el ámbito del ministerio de Justicia y cuyas atribuciones podrían suponer un conflicto de poderes.

Hay quienes hablan de tironeos entre el ministro de Justicia y el Procurador de la Corte

La iniciativa fue redactada en la cartera que conduce Gustavo Ferrari, donde desde 2016 funciona una mesa de trabajo para debatir reformas en la administración de justicia.

La intención es crear un órgano que estudie las necesidades de cada departamento judicial de la Provincia y “opine” (según el término que fue puesto en el proyecto) sobre la posible creación de nuevos juzgados y fiscalías en distintos puntos del territorio bonaerense, una alternativa que suele estar vinculada a acuerdos políticos más que a un criterio técnico.

En el gobierno de Vidal destacan que la apertura de nuevos juzgados o tribunales “carecieron de sentido práctico o vínculo con necesidades reales o posibilidades presupuestarias”. “A tal punto que al día de hoy son más de 200, entre órganos de la administración de Justicia y del Ministerio Público, que se encuentran creados por ley pero que nunca fueron puestos en funcionamiento”, apuntan.

La Comisión de Mapa Judicial que proponen crear el Ejecutivo tendría “una participación esencial en las decisiones concernientes a la creación y transformación de órganos judiciales, en la redistribución de los recursos humanos y en todas las medidas necesarias para controlar y asegurar una adecuada gestión judicial”, señala el proyecto.

Pero en la Legislatura, algunas voces comenzaron a señalar que esta disposición no sólo interferiría en la facultad indelegable del Parlamento de designar magistrados sin ningún tipo de consulta o intermediación con el Ejecutivo, aunque sí valiéndose de los informes que anualmente envía a las cámaras la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a las necesidades de cada departamento judicial. “Quieren crear una comisión que funcione en el Ejecutivo y que tenga una opinión vinculante para crear juzgados o fiscalías. Eso choca contra lo que dice la Constitución”, señalan entre la oposición.

El proyecto también cuenta con otra disposición polémica, que para algunos se inscribe en el marco de algunos silenciosos tironeos y disputas de poder entre el ministro Ferrari y el Procurador General Julio Conte Grand. La iniciativa contempla que la Comisión diseñará los planes para los cursos de capacitación obligatoria por la que deberán pasar “todos los recursos humanos del Poder Judicial”.

Eso, en los hechos, implica que el ministerio de Justicia tendrá en su órbita un ámbito de capacitación por la que pasarán todos aquellos que cumplan funciones en la Justicia. Para algunos críticos, eso supone una afectación por parte del Ejecutivo de las facultades del Poder Judicial.

Con esas controversias sobre la mesa, el futuro del proyecto es incierto. Recién ingresado en comisiones, su tratamiento podría demorarse varios meses.