Trasfondo político y social detrás de la inseguridad sin límites en el Conurbano

El ministro y el intendente tienen una reunión áspera, de esas en las que se dicen las cosas en la cara, mano a mano. Hay reproches mutuos. Pero eso queda entre cuatro paredes. Hacia afuera, nadie hace declaraciones. El acuerdo entre ambos parece ser el silencio. Ninguno lleva las de ganar, en términos políticos, cuando acaban de matar a una mujer de 21 años y de balear a una beba de tres meses en pocos días. La conmoción social puede generar un efecto boomerang.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, acuerdan entonces una tregua política: la Provincia monta un operativo de saturación en el distrito -que pudo constatar EL DIA en el territorio- y el municipio se encarga de la parte social. El eje del conflicto se traslada a la villa La Rana, un caserío de sólo 12 manzanas emplazado en medio del ejido urbano, en una punta de Villa Ballester, un barrio de clase media acomodada.

La tensión entre ambos barrios viene de lejos. La villa se formó entre los años ‘80 y ‘90 del siglo pasado, cuando la política económica nacional llevó a la ruina a cientos de empresas -muchas de ellas pyme-, justo en un distrito conocido históricamente como la capital industrial de la Provincia. Los talleres y depósitos que quedaron abandonados en medio de ese desastre fueron tomados y subdivididos. Actualmente viven allí no más dos mil personas, según las últimas estimaciones.

En el caso de San Martín, no hay sintonía política entre el municipio y la Gobernación

Entonces, se trata de un enclave controlable en materia de seguridad. Pero todo se complica con la presencia del narcotráfico. En los operativos de los últimos días, la Policía bonaerense detuvo a siete personas, tres de ellas vinculadas a la venta de paco y la cocaína. También los policías secuestraron armas, autos y motos que habían sido robadas. La modalidad de los “motochorros” es una de las más extendidas en el Conurbano. Zaira Rodríguez fue asesinada por uno de ellos.

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La joven de 21 años, piloto de karting, llegaba junto a su novio a la casa familiar cuando un delincuente les quiso robar el auto. Lo que siguió fue un drama: un ladrón disparó varias veces y un tiro impactó en la nuca de Zaira. Los esfuerzos de su familia por ayudarla fueron en vano. Conmocionado, su padre dijo que le arrancaría los ojos al delincuente. Y en la villa La Rana, un hombre de 23 años fue detenido e imputado. Tenía antecedentes por robo desde la adolescencia. Ayer atraparon a su hermano.

Unos días después, miles de vecinos salieron a la calle para clamar por seguridad. La cara de Zaira apareció en decenas de carteles con los que los residentes de Villa Ballester manifestaron su bronca con la inseguridad. Durante la concentración, que se realizó en inmediaciones de la comisaría segunda, se registraron cuestionamientos tanto al municipio local como a la Gobernación bonaerense, corroboró este diario en la esquina de Alvear y Boulevard Ballester.

Entre los manifestantes, que llegaron en familia, surgió un reclamo coincidente: el regreso de la Gendarmería al Conurbano, algo que refleja desconfianza sobre la Policía. También se escucharon planteos para que se instaure la “pena de muerte” y que se baje la edad de imputabilidad, aunque las demandas más extremas no fueron compartidas por la mayoría de los vecinos. “¿Dónde están las señoras de los pañuelos blancos?”, vociferaba a su vez un exaltado hombre de mediana edad.

A las falencias que tienen muchos de los móviles se suma la escasez de personal policial

“Si nosotros no podemos entrar a la villa, que ellos no entren a nuestro barrio”, proponía otro manifestante, frente a la comisaría, con una idea tal vez inspirada en la era de los muros que separan territorios. Mientras que otros firmaban un petitorio para pedir una reunión con el ministro Ritondo. “Basta de matarnos como a mosquitos”, rezaba un cartel, al tiempo que una mujer pedía: “No nos vayamos todavía, que la televisión se queda acá hasta los noticieros”.

En las inmediaciones, efectivos de la Bonaerense fuertemente armados hacían controles vehiculares. El robo de automotores, algunos seguidos de muerte, es uno de los flagelos de esa región del Conurbano. Tanto, que un intendente vecino a San Martín deslizó sus sospechas sobre talleres que cortan vehículos y requirió ayuda a la Provincia para monitorearlos. También puso la lupa sobre predios que son utilizados como desarmaderos, que tenían el aval de su antecesor.

En el caso de San Martín, no hay sintonía política entre el municipio y la Gobernación. Katopodis se queja hace años por la falta de coordinación entre la Policía bonaerense y las fuerzas federales. Y aunque no lo dice abiertamente, cree que el distrito es discriminado respecto de otros como Tres de Febrero o Morón, donde gobierna Cambiemos. En una reunión de semanas atrás entre Ritondo y los intendentes de la Primera Sección, se retiró antes de tiempo para no enfrentarlo.

El municipio está dividido en 40 cuadrículas, pero según fuentes locales, sólo se patrullan 32. Y no es por falta de móviles -aunque muchos de ellos no están en condiciones de circular-, sino por la carencia de personal, que no alcanza para poner dos agentes en cada patrullero, en los tres turnos de la jornada. El sistema de monitoreo de cámaras funciona en buena parte del distrito, pero no en las villas: en esos barrios, como sucede en La Rana, las cámaras son usualmente destruidas.

Ahora, a partir de lo que sucedió con Zaira y del reclamo de los vecinos, el municipio inaugurará una posta de seguridad en el acceso a la villa, en la esquina de Bermejo y Rosario, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comprometió a impulsar denuncias y allanamientos con fuerzas federales. Pero en Villa Ballester temen que el renovado envión oficial se diluya en unos pocos días. No se los puede acusar de pesimistas, porque los antecedentes están a la vista.