Alertan a la CIDH por la libertad de expresión

Representantes de Aministía Internacional de Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras entidades, expusieron ayer datos sobre los ataques a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno minimizó esos cuestionamiemtos.

Los referentes de Derechos Humanos calificaron de “alarmante” el panorama para la prensa y ante las condiciones en las que trabajan los periodistas y los medios de comunicación, que sufren, señalaron, una situación de “hostigamiento y deslegitimación” desde la gestión del presidente Javier Milei que invita, de forma constante, a “odiar a los periodistas”.

El Gobierno estuvo representado en la audiencia virtual por el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, que negó la existencia de una política de desprestigio a pesar de que el propio presidente, desde sus redes sociales, manifieste que “la peor cloaca del universo está en los medios”, que son una “basura mentirosa” y que son “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.

El monitoreo de libertad de expresión de FOPEA arrojó que en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto a 2023. “El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Mientras, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de FOPEA, detalló cómo fueron los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas en su celular y sus cuentas financiera.

Amnistía señaló que durante 2024 y lo que va del 2025 alrededor de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos” con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”.

“Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la ONG en nuestro país.

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El CELS recordó que el Protoclo Antipiquetes, impulsado y aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cuestionado no solo por la CIDH sino por otros “nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas” e hizo entrega a las autoridades de la comisión de una carta escrita por la mamá de Grillo.

La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, señaló que en nuestro país existe efectivamente “un contexto de amenazas y criminalización” a los periodistas y a activistas de derechos humanos, y prometió realizar una visita a la Argentina luego de la solicitud por parte de los miembros presentes.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se sumó a las palabras de Panzi y manifestó que cuando un gobernante se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”.

“La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”, concluyó.