Radiografía de las jubilaciones en la Provincia: un sistema bajo la lupa

Por JOSÉ MALDONADO
jmaldonado@eldia.com

El debate que se abrió en la Provincia por los proyectos extraoficiales que comenzaron a circular en los últimos meses en la Legislatura puso bajo la lupa el sistema bonaerense de jubilaciones, un régimen con características particulares que, según entienden muchos funcionarios en el gobierno de María Eugenia Vidal, se encamina a un crisis en el mediano plazo.

La discusión es, en rigor, una réplica del debate que se abrió a fin del año pasado durante el tratamiento en el Congreso de la reforma al régimen de jubilaciones y el pedido del presidente Mauricio Macri a las provincias para que se alineen en materia previsional a la Nación. Pero más allá de la coyuntura política, las luces de alarma en torno de la situación del Instituto de Previsión Social se encendieron mucho antes. En rigor, hasta los más acérrimos defensores del sistema de jubilaciones provincial reconocen que las proyecciones presupuestarias obligan a abrir un debate sobre el tema.

El aumento de la edad jubilatoria es tema de debate. Incluso los gremios se allanan a discutir

En la Provincia, el tema se instaló cuando comenzó a circular un borrador del proyecto de reforma, cuya existencia, al menos con carácter de oficial, fue desmentida por el jefe de Gabinete Federico Salvai el miércoles pasado, luego de que el titular del IPS, Christian Gribaudo, reconociera en una entrevista periodística, la decisión de la administración Vidal de abrir un debate por el tema.

El IPS, creado en los años de la gobernación peronista de Domingo Mercante, tiene como principios fundamentales la independencia financiera y el autosostenimiento, algo que, en rigor, se viene cumpliendo salvo algunas escasas excepciones, desde su nacimiento. De hecho, en sólo dos ejercicios, durante la gobernación de Carlos Ruckauf, el organismo tuvo déficit.

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Pero en los últimos tiempos varios elementos comenzaron a conjugarse y a generar ruido. Uno de ellos es de orden biológico y, en rigor, forma parte del debate sobre los regímenes previsionales en todo el mundo. El aumento la expectativa de vida hace que la población de pasivos se incremente, lo que pone en jaque la ecuación de activos por pasivo que debe sostener presupuestariamente al sistema. Actualmente, las cifras indican que Buenos Aires está lejos del ideal, que es de cuatro aportantes por un jubilado: la ecuación bonaerense es de 3,6 activos por cada beneficiario del IPS.

En cifras: en la Provincia hay 310.805 beneficiarios del sistema previsional. La mayoría, 212.872, jubilados. El resto son pensionados, enrolados en leyes especiales (como la de ex gobernadores y ex legisladores) y pensiones sociales.

Ese universo es sustenado por 879.163 activos, que se dividen en cuatro subsistemas: magisterio, administración general, municipalidades y el Servicio Penitenciario.

El escenario tiene otro elemento conflictivo para el equilibrio del sistema previsional. A poco de su llegada a la Gobernación, Vidal congeló el ingreso al Estado para achicar el gasto público. Desde entonces, todos los que accedieron a un cargo en la administración provincial lo hicieron través de contratos de locación que terminan generando aportes a la Anses, a través del pago del monotributo, y no al sistema provincial.

A eso se suma un fenómeno particular. El gobierno de Vidal también puso en marcha una política para potenciar el retiro de agentes de la administración pública. Las cifras oficiales, hablan a las claras del incremento progresivo de la población de pasivos en la Provincia. En 2015, último año de la gestión de Daniel Scioli, se jubilaron 17 mil bonaerenses provenientes de los distintos regímenes de la administración pública provincial, el Servicio Penitenciario y de los municipios. En 2016, el primer año del gobierno de Vidal, el número saltó a los 21 mil. En 2017, a 27 mil. En total, desde entonces más de 48 mil personas se jubilaron en la Provincia. Además, las proyecciones extraoficiales estiman que casi 30 mil nuevos empleados provinciales, municipales, docentes y penitenciarios se sumarán a la estructura del IPS en 2018.

“ARMONIZACIÓN”

Con todo, los números del IPS muestran que sigue siendo un sistema superavitario. En el ejercicio 2017, por ejemplo, el resultado entre recursos y gastos dejó un saldo de 1.248 millones de pesos. Pero la pregunta que se hacen todos es si podrá mantener esa autonomía financiera en los próximos diez años.

El sistema solidario con el que funciona el IPS proviene, como modelo, de Alemania en los años de Bismark. Sus principios básicos expresaban que todo trabajador debe aportar los fondos necesarios para su futura jubilación con la sola ayuda de la contribución patronal, pero no del Estado ni de los contribuyentes. Es decir, el sistema es público pero el patrimonio no pertenece al Estado, sino al colectivo integrado por sus afiliados. Cada trabajador, a lo largo de su vida laboral, va forjando su propio ingreso jubilatorio.

Esos principios quedaron plasmados en la Constitución, en los artículos que establecen la autonomía económica y financiera de los organismos previsionales.

Esos lineamientos, que tienen amplias diferencias con el régimen de seguridad social y previsional nacional, son los que esgrimen los que se oponen a cualquier intento de reforma en la Provincia. Más aún si, como trascendió, si la idea es ir a una “armonización” con la Anses. Las diferencias entre uno y otro sistema son amplias. Una de las principales es el cálculo de los haberes, que en el régimen bonaerense computa los tres mejores años corridos, o cinco discontinuos, mientras que Nación toma en cuenta el promedio salarial de los últimos diez años.

La movilidad del haber es un beneficio que no tienen los pasivos de la Anses

En la Provincia un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, en el Anses la edad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en Anses de 30; para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para Anses los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en Anses no más del 52,5% con 35 años de aportes.

La edad de jubilación será, con seguridad, uno de los elementos centrales del debate. Lo reconocen desde los ámbitos más críticos de una posible reforma, como la Asociación en Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip).

Pero para los analistas, eso no soluciona el problema de fondo. Algunos ponen el foco en otros aspectos, como la composición de los aportes, tanto de los trabajadores como los patronales. En el sistema provincial, los empleadores aportan el 12 por ciento, mientras que en Nación esa cifra es del 17 por ciento y en Brasil, para citar un ejemplo cercano, del 20%.

En tanto, en la Provincia los aportes de los trabajadores son del 14 %para el régimen general y del 16% para los docentes.

La tasa de reposición de activos es otro de los ejes del debate. Si no hay ingresos a la plantilla de empleados en el Estado, el sistema va camino a una crisis.

Desde las organizaciones de defensa del IPS, como Adesip, ponen el foco también en la utilización de los excedentes presupuestarios del sistema previsional por parte del Ejecutivo, a través de créditos por los que se paga un interés del 21 por ciento.

Todos esos temas formarán parte de una discusión que desde el gobierno de Vidal vienen manejando con cautela por las fuertes reacciones gremiales pero que, todo parece indicar, va a instalarse más temprano que tarde. Acaso la Gobernadora realice en breve una convocatoria al debate.