Secuelas de los graves incidentes registrados en escuelas secundarias

Un reciente informe publicado en este diario sobre la ola de amenazas por las redes y agresiones registradas en las escuelas definió alguna de las decisiones que se adoptaron en el nuestro y en otros distritos, encaminadas a endurecer las políticas estatales, como por caso en la Ciudad de Buenos Aires, con protocolos que buscan limitar la grave situación que afectó a los colegios, en donde se fijaron multas, vedas y el uso de mochilas en algunas escuelas. Pero, en el distrito porteño, además, se decidió que los alumnos tendrán que recuperar las clases perdidas por estos episodios, postura que deberían imitar otros distritos donde fue afectada la actividad escolar.

Existieron también otras medidas que se conocieron hace pocas jornadas. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata la Justicia de Menores aplicó una multa de 3 millones de pesos a la familia de un alumno por una falsa amenaza de bomba. Mientras que la Justicia de Mendoza imputó por intimidación pública a una madre de un alumno que llevó la réplica de un arma a una escuela de la capital de esa provincia.

La mujer que fue detenida enfrenta ahora una pena que puede llegar hasta ocho años de cárcel. El fiscal entendió que instigar a su hijo a llevar un arma, en un contexto de alarma social, era un hecho punible de gravedad no menor. También la Justicia mendocina intervino por episodios violentos sucedidos en la localidad de Las Heras, tal como pasó en nuestra ciudad.

Mientras que las amenazas de bomba obligan a interrumpir el dictado de clases, las tiroteos generan alarma, operativos de evacuación o ausentismo. En nuestra región también el sistema educativo permanece en alerta, implementándose protocolos de emergencia y controles de pertenencias en los ingresos a las aulas. En algunos colegios se dispuso que los estudiantes lleven sus útiles en la mano o que utilicen mochilas y bolsas transparentes. En otro se determinó la revisión obligatoria de mochilas y cartucheras en el ingreso.

En cuanto a la recuperación de días de clase perdidos por estos incidentes, ante la consulta de este diario, desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no se informaron medidas relativas a esa cuestión. Sólo se precisó sobre la distribución oficial de un protocolo de actuación que establece pasos administrativos y pedagógicos a seguir.

Por su parte, en el sistema educativo porteño el ministerio de Educación informó que los alumnos que pierdan días de clase por las falsas alertas, amenazas, tiroteos y otros incidentes deberán recuperar esas jornadas, añadiéndose que los padres podrán afrontar consecuencias penales y civiles, cuando corresponda, si sus hijos se involucran en algún hecho intimidatorio.

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Tal como lo vienen señalando educadores, lo que está ocurriendo en muchos establecimientos escolares y que se vio potenciado desde las redes sociales no sólo origina comprensible dolor, sino que también obliga a la sociedad –sobre todo a las autoridades y a la dirigencia política en pleno- a cobrar conciencia de que las escuelas existen para educar y formar a los futuros ciudadanos. No para convertirse en escenarios de indisciplina y violencia delictiva.