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Carlos G. Lazzarini
Que el mundo es cada vez más urbano ya no representa una novedad. Ni la pandemia revirtió la tendencia que marca que para 2050 más del 70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades. Pero en América Latina ya hace tiempo que esa cifra supera el 80% y en la Argentina supera el 90%. No se trata solo de un dato demográfico: es una transformación estructural que redefine dónde se concentran los problemas, las demandas y también las oportunidades.
Así, las ciudades ya no son únicamente espacios donde se implementan políticas públicas. Son el ámbito donde esas políticas se vuelven visibles, donde se experimentan sus efectos y donde se mejoran o deterioran las condiciones de vida. En ese contexto, los gobiernos locales empiezan a ocupar un lugar distinto, con otras agendas y, por supuesto, nuevas tensiones.
Durante décadas, la arquitectura institucional fue relativamente inamovible: Nación definía, las provincias articulaban y los municipios ejecutaban. Las competencias estaban formalmente delimitadas y las incumbencias, en gran medida, acotadas.
Hoy esa distinción comienza a crujir. Mientras las atribuciones siguen siendo las mismas, las incumbencias se expanden. Los municipios deben intervenir en problemas que las exceden en sus competencias formales: desarrollo productivo, seguridad, ambiente, movilidad, innovación, integración social, entre otras.
Ahí aparece uno de los rasgos más relevantes del momento actual: una brecha creciente entre lo que los gobiernos locales deben hacer y lo que efectivamente pueden hacer dentro del diseño institucional vigente. En ese marco, la provincia de Buenos Aires es el escenario donde, por su magnitud, todo se hace más visible.
El reciente episodio en torno a las tasas municipales, más allá de su resolución puntual y las distintas posiciones al respecto, funcionó como una señal visible de esa tensión. No tanto por el debate fiscal en sí mismo, sino porque expuso un desacople más profundo entre responsabilidades crecientes y capacidades limitadas.
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Pero esa brecha no solo genera restricciones. También produce movimiento. En muchos casos, los municipios comienzan a construir capacidades, a generar articulaciones y a desarrollar iniciativas que amplían, de hecho, su campo de acción. No porque se les hayan transferido competencias, sino porque la dinámica de las ciudades los empuja a hacerlo.
Como han señalado distintas corrientes del pensamiento urbano, el espacio no es un soporte pasivo, sino una construcción social en permanente reconfiguración. En ese proceso, las escalas del poder no son fijas sino que se redefinen a partir de las prácticas y, sobre todo, de la iniciativa política de los distintos actores.
En la provincia de Buenos Aires, este proceso adquiere características particulares. Se trata de un sistema municipal con baja autonomía formal, donde muchas decisiones clave siguen concentradas en el nivel provincial. La discusión sobre la autonomía municipal sigue siendo una cuenta pendiente.
Sin embargo, comienzan a observarse tendencias que complejizan el esquema tradicional. Por un lado, una mayor iniciativa de los gobiernos locales para intervenir en las nuevas agendas. Por otro, el desarrollo de mecanismos de articulación que permiten ampliar capacidades sin necesidad de reformas estructurales inmediatas, ni la necesidad de llegar a tener que modificar la constitución provincial.
La cooperación entre municipios, las agendas regionales y la articulación con actores privados e internacionales son algunas de las formas que adopta esta expansión.
No se trata, necesariamente, de una autonomía plena, sino de una ampliación concreta de los márgenes de acción, en la que los gobiernos locales ganan peso en función de su capacidad de gestión, de articulación y de construcción de agenda.
En este contexto, surge la necesidad de pensar esquemas más flexibles de desarrollo, y también en materia fiscal, que reconozcan las particularidades de cada región y su potencial. Es decir, una política diferenciada desde el gobierno provincial, que atienda las características y requerimientos de cada región que, en el caso de Buenos Aires, son bien disímiles.
La discusión, entonces, deja de ser exclusivamente institucional para volverse abiertamente política: quién define las prioridades, quién organiza la acción y quién tiene la capacidad de interpretar una realidad cada vez más compleja.
En ese marco, no podrá demorarse mucho más el debate, en términos políticos, del nuevo protagonismo de los intendentes. Algo que en términos políticos ya se percibe. El desdoblamiento de las elecciones, por caso, es una de las formas de poner la lupa sobre la importancia de las gestiones locales para un electorado cada vez más exigente. Y desde ahí, empieza a insinuarse algo más que un cambio de funciones: la posibilidad de una renovación en la dirigencia bonaerense. Ya no desde las luces de la esfera nacional, sino desde los gobiernos locales, donde la gestión y la proximidad adquiere otro valor.
Una dirigencia bonaerense que suele estar eclipsada por su fusión con lo nacional. Ese contraste con otras provincias del país es notorio. Pero puede empezar a revertirse desde este protagonismo que se vislumbra desde los gobiernos locales y esos nuevos liderazgos.
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