La Abogacía porteña puso el foco en el impacto de la reforma laboral

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por el inminente tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral aprobado la semana pasada por el Senado y alertó sobre las implicancias que su eventual sanción tendría sobre el ejercicio profesional.

En representación de sus 89.500 matriculados, la institución envió una carta al presidente de la Cámara baja y a los titulares de las 19 bancadas parlamentarias. En el documento, la entidad planteó que cualquier actualización normativa en materia laboral debe respetar los límites constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de los trabajadores.

La carta hace foco en las modificaciones previstas en los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La institución señaló que la nueva redacción propuesta para el artículo 20 introduce la figura de la “pluspetición inexcusable” de manera objetiva, lo que podría habilitar la responsabilidad solidaria del abogado o abogada por el pago de costas cuando exista una sobreestimación del reclamo.

Desde el Colegio advirtieron que la ambigüedad del concepto implicaría un riesgo patrimonial directo para los profesionales que ejercen la defensa técnica de trabajadores. Además, remarcaron que ya existen normas procesales que sancionan la temeridad o malicia profesional, por lo que aplicar un régimen diferencial a los laboralistas resultaría, a su entender, discriminatorio frente a otras ramas del derecho.

El CPACF también cuestionó el texto proyectado del artículo 277, que habilita el pago en cuotas de sentencias laborales. La entidad sostuvo que la medida alcanzaría tanto a créditos de trabajadores como a honorarios de abogados, todos considerados de naturaleza alimentaria.

Para la institución, esta previsión coloca a los acreedores laborales en una situación desventajosa respecto de quienes obtienen sentencias favorables en otros fueros, contrariando principios del Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos laborales.

Asimismo, el Colegio criticó la reproducción de la limitación de costas prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, al considerar que, combinada con el principio de gratuidad de la Ley de Contrato de Trabajo, restringe el derecho de los abogados a percibir honorarios y desalienta el ejercicio profesional en el ámbito laboral.

La entidad también observó que la iniciativa introduce criterios similares al “stare decisis” respecto de decisiones de la Corte Suprema, pero únicamente para jueces laborales, lo que calificó como irrazonable.

El CPACF solicitó a los diputados que evalúen las consecuencias de la reforma sobre la abogacía y su rol en la defensa de derechos constitucionales. Según la institución, los cambios propuestos podrían impactar en la plena vigencia de garantías fundamentales y en la preservación del Estado de Derecho.

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