Estatales reclaman al Gobierno bonaerense una convocatoria urgente a paritarias

En las últimas horas, ATE de la Provincia de Buenos Aires formalizó hoy una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para exigir la reapertura urgente de la discusión salarial. El gremio fundamenta el pedido en la necesidad imperiosa de recomponer los sueldos de los estatales y arribar a un acuerdo que resuelva las pérdidas económicas de los últimos meses del año 2025.

A través de un documento oficial, el sindicato detalló los motivos del reclamo y apuntó contra las políticas de la administración central. "Desde que asumió Milei, con la salida del cepo y el arrastre a una nueva devaluación del dólar en Argentina, registramos una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo, un 13.5% en tan solo un mes, en medio de una inflación incesante", expresa la nota elevada a la cartera laboral.

La conducción gremial advirtió que el ajuste de los últimos dos años generó un deterioro constante en la calidad de vida de los trabajadores. Según los datos que aportó ATE, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, los estatales sufrieron un incremento del 593% en la canasta de servicios públicos en el AMBA, mientras que el nivel general de precios subió un 200%.

Además, la organización sindical cuestionó el recorte de 22 billones de pesos que el Gobierno Nacional aplicó sobre los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Esta situación, afirman desde el gremio, asfixia las cuentas del Ejecutivo provincial y perjudica de manera directa a los bonaerenses.

En el petitorio solicitan un aumento salarial de emergencia para los sectores más postergados, con foco en los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación. A la par del reclamo económico, el sindicato sumó una extensa lista de exigencias como recategorizaciones, pases a planta permanente, continuidad del esquema de pases a planta de becas de contingencia y capacitación.

Además, solicitaron la convocatoria a la mesa técnica de carrera administrativa rumbo al Convenio Colectivo de Trabajo, la derogación inmediata de la Resolución 293 y creación de una nueva normativa para el sector de educación y la apertura de Mesas Técnicas específicas para las áreas de Niñez, Patronato, Acceso a la Justicia, DDHH, Mujeres, Lotería y OPISU.