Fallos judiciales reavivan el conflicto por la tasa vial en el territorio bonaerense

Una serie de fallos judiciales volvió a poner en debate la legalidad de la tasa vial que los municipios cobran para el mantenimiento de caminos rurales, en un contexto de tensión entre intendentes y productores.

Las resoluciones en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares se suman a antecedentes que declararon ilegítimo el tributo cuando no existe una contraprestación efectiva. En Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, la Justicia ordenó al municipio informar el destino de los fondos recaudados, reforzando el derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, el juez Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, sostuvo que “en materia de acceso a la información pública rigen los principios de informalidad, celeridad y gratuidad”, al fundamentar la obligación de brindar esos datos.

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A estos pronunciamientos se sumó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás en el caso de Baradero, que también obliga a transparentar la administración de los recursos. El trasfondo del conflicto está vinculado al estado de los caminos rurales, especialmente tras un período de intensas lluvias que agravó su deterioro en distintos puntos de la provincia.

Desde los municipios, los intendentes defienden la tasa como una herramienta indispensable ante la caída de ingresos. El jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik, explicó que “nosotros tenemos 2200 kilómetros de caminos, y con la tasa vial los mantenemos”, y detalló que “gastamos tres veces más de lo que recaudamos, porque, además, bajó la recaudación de la tasa vial, porque el productor estaba inundado. Cuando el productor se inunda, los caminos también se cortan, y nosotros tenemos el triple de trabajo”.

En contraposición, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) celebraron los fallos judiciales al considerar que fijan límites claros al cobro. La entidad afirmó que “estos pronunciamientos consolidan principios básicos que Carbap viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable”, y advirtió que “cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”. Además, señalaron que la judicialización responde a la falta de respuestas y remarcaron que “la transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”.