La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, anuló recientemente el decreto municipal que disponía el traslado de la llamada Zona Roja desde el barrio El Mondongo hacia el Paseo del Bosque.

La medida, originalmente dictada durante la gestión anterior, imponía multas a quienes ejercieran la actividad sin estar en la nueva zona autorizada.

El fallo surge a partir de un recurso impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y diversas organizaciones travestis y trans, que argumentaron que la disposición era arbitraria, no consideraba la vulnerabilidad del colectivo afectado ni incorporaba instancias participativas reales.

Qué dice el fallo

"Arbitrariedad e incumplimiento de normas: El decreto fue considerado arbitrario porque no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del colectivo, y carecía de precedentes de diálogo o consulta con las personas afectadas".

"Prisa normativa excesiva: El reglamento se dictó apenas diez días después de su publicación, sin permitir instancias de participación ciudadana ni evaluar alternativas menos lesivas".

LE PUEDE INTERESAR

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió

"Falta de condiciones mínimas en el nuevo espacio: El Paseo del Bosque no contaba con infraestructura básica —iluminación, seguridad, mobiliario urbano, etc.— para garantizar la protección y seguridad de quienes debían trasladarse allí".

El decreto de reubicación de la Zona Roja

El decreto en cuestión ordenaba que la zona para la oferta de servicios sexuales se reubicara al Paseo del Bosque, con multas incluidas para quienes permanecieran o ejercieran fuera de ese perímetro.

En noviembre de 2023, la misma jueza ya había dispuesto una suspensión cautelar de la norma, que ahora ha sido anulada de manera definitiva.

La resolución judicial establece que, en un plazo de 60 días, el municipio deberá conformar una mesa de trabajo para abordar la problemática de forma colaborativa e inclusiva. Aunque la actual gestión municipal ya había expresado su voluntad de impulsarla, aún no se ha avanzado en su implementación.