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Cristina Kirchner
El plazo de diez días hábiles dado por el Tribunal Oral Federal 2 para que nueve condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, depositen de manera solidaria el decomiso de 537 millones de dólares, venció ayer por la mañana sin que nadie haya pagado.
A las 9:30 finalizó el plazo para depositar en una caja de ahorro abierta a nombre del Tribunal en el Banco Nación y desde ahora se comenzará a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en la causa, informaron fuentes judiciales.
Además, el Tribunal encomendó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola el rastreo e identificación de más bienes que puedan ser embargados con miras a ejecutar el decomiso.
En el caso de la expresidenta, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, su defensa presentó el martes dos recursos, uno ante el Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación.
Al Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pidió dejar sin efecto el decomiso en lo referido a su persona al sostener que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y, por ende, no puede ser afectado al recupero estatal de lo obtenido por un delito.
En el caso de Casación, apeló el cálculo del monto actualizado a decomisar que aprobó el Tribunal y que se basó en un informe de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación basado en el índice de precios al consumidor. Según la exmandataria, “toda” su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.
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Además de Cristina Kirchner, el Tribunal quedó en condiciones de avanzar con ejecución de bienes y dinero de otros condenados, entre ellos el ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Nelson Periotti, el empresario santacruceño y amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, y el ex secretario de Obra Pública José López.
Por otra parte, la querella de Cristina Kirchner pidió ayer condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022. En su alegato final, la querella anticipó que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho. Consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de “violencia de género”.
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